La ejecución de las obras de rehabilitación integral en la barriada de San José-Hadú ha provocado un nuevo llamamiento a las autoridades para que activen soluciones provisionales de aparcamiento que minimicen el impacto sobre los residentes y el tejido comercial de la zona. El corte al tráfico rodado ha intensificado una situación que ya era complicada en términos de movilidad y disponibilidad de estacionamiento, en un entorno urbano donde la escasez de plazas es una constante.
Desde el inicio del proyecto, varias voces venían advirtiendo sobre la necesidad de establecer alternativas que permitieran cierto respiro a quienes viven o desarrollan su actividad laboral en la zona. La falta de una planificación más amplia en torno a los efectos colaterales de este tipo de intervenciones públicas vuelve a generar fricciones políticas y malestar entre los vecinos.
Los socios del Gobierno insisten en medidas urgentes
En este contexto, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha vuelto a hablar sobre su propuesta de habilitar una zona de aparcamiento provisional mientras duren las obras. Una petición que, según recuerdan, fue formulada incluso antes del inicio de los trabajos, alertando de la necesidad de actuar con “cierta previsión” para evitar conflictos predecibles.
“La gente que vive y trabaja allí no puede verse perjudicada por las obras”, señalan desde la formación, al tiempo que critican que este tipo de situaciones se repita sistemáticamente en cada intervención urbana. “Ya de por sí se trata de una ciudad en la que hay una gran falta de aparcamiento y siempre que se hace una obra nos encontramos con el mismo problema”, añaden.
Rectificación en las ayudas al comercio local
Otro de los puntos abordados por los socios del Ejecutivo local tiene que ver con el montante de las ayudas destinadas a los comerciantes de la barriada. Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), la cifra inicialmente contemplada era de 300.000 euros. No obstante, la formación ha trasladado a los propios comerciantes que dicha cantidad será corregida al alza y alcanzará los 500.000 euros, lo que permitirá ampliar el margen de cobertura para los negocios afectados por las obras.
Desde la organización subrayan que esta rectificación responde a una enmienda previa y que la medida representa un alivio para quienes, desde hace semanas, conviven con las incomodidades derivadas del proceso de rehabilitación.
Flexibilización en los criterios de acceso
En paralelo al incremento presupuestario, también se ha tenido en cuenta una petición relacionada con los criterios exigidos para acceder a las ayudas. Tal y como trasladaron los socios del Ejecutivo en su momento, se pedía una flexibilización que permitiera al mayor número posible de comerciantes beneficiarse de estas subvenciones.
Finalmente, se ha aprobado que el mantenimiento del empleo generado en los últimos doce meses sea un criterio suficiente para optar a estas ayudas, lo que simplifica notablemente el acceso y elimina trabas burocráticas que, en otros contextos, han supuesto un freno para el pequeño comercio.
Una situación que no debe repetirse
Las críticas sobre la gestión de los efectos secundarios de las obras públicas no son nuevas, pero vuelven a cobrar protagonismo en barrios donde la densidad urbana y la actividad comercial exigen respuestas ágiles. Las propuestas planteadas por los socios del Gobierno buscan cubrir carencias detectadas con anterioridad, al tiempo que ponen de manifiesto una necesidad de mayor planificación y diálogo previo con los vecinos.
