Algunos escándalos políticos están dotados de cierta distinción, ya sea por el refinamiento de sus protagonistas o por la astucia con la que se ha urdido la trama. El de Loma Colmenar no se beneficia de ninguno de estos atenuantes. Todo resulta demasiado burdo.
Asumida la evidente chabacanería que exuda todo este asunto, lo único que compensaría a los estupefactos ciudadanos que contemplan asombrados el desarrollo de los acontecimientos es que, definitivamente, se depuren las responsabilidades penales y políticas que quepan. Las primeras, si llegan a establecerse, se harán esperar; las segundas, no se determinarán nunca.
Para que los responsables políticos purgaran su negligencia (y lo que pudiera ir más allá de la inepcia para adentrarse en el terreno de lo penalmente punible) sería preciso activar, de una vez por todas, una comisión de investigación creada con verdadera vocación de llegar hasta el fondo del asunto. Y para que esto fuera posible, se haría indispensable que el Gobierno local antepusiera los intereses del común de la gente a los del partido. Pero es de temer que esto no va a suceder.
La concentración ante las viviendas de Loma Colmenar de un grupo de familias agraviadas por la indecente conducta de la administración local se antoja una lucha condenada al fracaso. La concesión a estas personas de una vivienda de protección no haría sino introducir más discrecionalidad en un proceso ya de por sí oscuro y sospechoso. Que sus nombres figuraran en una lista confeccionada sin las más mínimas garantías de limpieza y transparencia no debe concederles el derecho de resultar beneficiario de una vivienda de protección. Pero a lo que sin duda sí tienen derecho es a que los responsables de este dislate, aquellas personas que han jugado con sus ilusiones y necesidades más básicas, paguen por lo que han hecho.
