Opinión

La inquietud de los guardias

Un grupo de quince prestigiosos juristas ha sentenciado como “antijurídica” la reforma de la Ley de Extranjería que consagra la práctica de las devoluciones en caliente. La controversia sobre la legalidad o ilegalidad de la nueva norma se mantiene abierta, aunque se trate de una polémica en la que el Gobierno español se halla en franca minoría.

Un grupo de quince prestigiosos juristas ha sentenciado como “antijurídica” la reforma de la Ley de Extranjería que consagra la práctica de las devoluciones en caliente. La controversia sobre la legalidad o ilegalidad de la nueva norma se mantiene abierta, aunque se trate de una polémica en la que el Gobierno español se halla en franca minoría.

Los primeros damnificados por las terribles consecuencias que se derivan de la legalización de las devoluciones en caliente son, como resulta obvio, las personas que intentan franquear las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Pero la medida tampoco resulta tranquilizadora por sus efectos para los guardias civiles destinados a pie de valla.  

Si los argumentos jurídicos esgrimidos en el informe elaborado por los juristas -entre los que figuran expertos de la talla de la profesora emérita de la Uned y experta en Derecho Internacional, Elisa Pérez Vera, o el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Pablo Pérez Tremp- resultan aceptables para un juez, los agentes podrán encontrarse en una delicada situación. Y sin que los guardias civiles puedan hacer nada para evitarlo.

Si algún tribunal resuelve que prevalecen las normas del Derecho Internacional y los tratados suscritos por España sobre la controvertida legislación nacional en materia de expulsiones, los agentes tendrán un problema.

Un problema que podrán evitar, dicen los juristas, si desobedecen una orden injusta. Y ésta, a juicio de este grupo de expertos, lo sería por estar fundada en una norma “antijurídica”. Pero, ¿cómo podrá un guardia civil desobedecer la orden de un superior si el mismo ministro sostiene que las devoluciones que han de practicar están amparadas por la ley española? Los agentes, tal y como recuerda la Asociación Unificada de Guardias Civiles, están sometidos a la jurisdicción militar. Es decir, pueden dar con sus huesos en la cárcel si se les acusa de indisciplina. La sola idea de desobedecer una orden, por muy injusta que ésta pueda parecerle a los guardias, resulta una entelequia. ¿Cuál es la solución entonces?

Bastaría que el Ministerio atendiera la demanda de los guardias. Un protocolo preciso y por escrito que detalle qué pueden y no pueden hacer los guardias civiles destinados en las vallas de Ceuta y Melilla ayudaría a diferencia cuándo un agente está cumpliendo con su deber y cuándo está incurriendo en un exceso. Pero un documento de esta naturaleza podría comprometer al Gobierno. Mantener públicamente que la devolución en caliente es una práctica que observa escrupulosamente los tratados y convenios internacional firmados por España es una cosa. Dejar por escrito su aplicación práctica, con una descripción detallada del modo de operar sobre el terreno es otra muy distinta. Lo que se garabatea sobre un papel puede acabar implicando a quien lo firma. 

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