El caso Kibesan ha vuelto a poner sobre el tapete el debate en torno a las responsabilidades de los políticos y la tan controvertida figura de la imputación. Un juez ha liberado de la imputación a una responsable política, lo cual no deja de constituir un alivio para la sociedad en su conjunto y, cómo no, para el partido político concernido. La ley ha hablado y, en este caso, ha restituido la honorabilidad a quien durante meses ha estado acosada por la sombra de la sospecha.
Más allá de este procedimiento concreto, ha de valorarse cuál es el criterio que debe determinar en qué momento una persona con responsabilidades públicas debe renunciar a éstas en beneficio del interés común. ¿Han de dimitir todos los imputados? ¿Han de hacerlo sólo aquellos contra los que se abra juicio oral?
Plantear estas preguntas, esgrimir el código penal para dilucidar tales dudas no es sino una trampa. Pues si la renuncia al cargo de un político depende del estado del procedimiento judicial que se siga contra él, ¿cuándo ha de dimitir quien cometiendo una acción que repugna a la ética no incurre en ningún delito? Quien se conduce como un desvergonzado pero no conculca ninguna ley, ¿no tendrá nunca la obligación de estar a la altura de sus responsabilidades?
El truco es viejo. Rajoy lo conoce – “sé fuerte, Luis”. Griñán lo conoce – “no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude.
La línea roja no está en la imputación ni en la apertura de juicio oral. La línea roja debe situarse en la decencia. Lamentablemente, esta última opción ocasiona muchos más problemas a los partidos.
