Poco podría imaginar el Gobierno local allá por el mes de enero la pesadilla que se emboscaba detrás del proceso de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Las celebraciones aparejadas al acto de entrega de la promoción, con la presencia de la ministra de Fomento incluida, han dejado paso, ya avanzado septiembre, a una profunda desazón y a la inquietud que siempre ocasiona el deber de frecuentar las salas del Palacio de Justicia.
La decisión adoptada por la juez encargada del caso de citar como imputado al exviceconsejero de Vivienda y exgerente de Emvicesa, Antonio López, escribe un nuevo capítulo en esta historia de desafueros y despropósitos. La posibilidad de que la juez pueda llegar a ordenar una paralización del proceso de adjudicación espanta a los miembros del Gobierno de Juan Vivas. Pero no sólo a ellos. 1.713 personas aguardan con impaciencia a que la Ciudad resuelva de una vez por todas quiénes de entre todos ellos se convertirán en beneficiarios de una vivienda de protección oficial.
La oscuridad que ha presidido el procedimiento de adjudicación y las irregularidades que se presumen son el resultado de una gestión, como mínimo, deficiente e inepta. El Gobierno local sólo actuó con diligencia cuando, una vez que el escándalo estalló, decidió llevar el caso a los tribunales de Justicia. Pero ello no le exime de la responsabilidad que, sin duda, le cabe por su incapacidad para atender con eficiencia lo que no debería de haber sido más que un mero procedimiento administrativo. Las víctimas son las cientos de familias cuyo bienestar depende en buena medida de convertirse o no en beneficiario de una de esas casas.
