Denunciar no crea conflicto: el conflicto es dejar sin atención a los menores.
Nadie discute que la falta de especialistas sea un problema estructural que afecta a toda España. Tampoco se niega la dificultad de atraer profesionales a determinados territorios. Ese debate es real y legítimo. Lo que sí debe discutirse es qué hace la administración sanitaria mientras esa carencia persiste y cómo se protege, o no, a la población más vulnerable.
Porque una cosa es reconocer un problema estructural y otra muy distinta es utilizarlo como justificación para normalizar la falta de seguimiento, la externalización de consultas o la ausencia de atención continuada en ámbitos tan sensibles como la salud mental infantojuvenil. Ahí ya no hablamos de un problema general, sino de decisiones concretas de gestión.
Denunciar que hay menores y adolescentes sin seguimiento en salud mental no genera conflicto ni espanta a profesionales. Es, además, una reclamación sostenida en el tiempo, que se viene haciendo desde hace más de ocho años, de forma reiterada y por distintas vías, sin que se haya dado una respuesta estructural y estable. Lo que genera conflicto es que sigan existiendo menores con depresión o ideación suicida sin la atención pública adecuada. Señalar esa realidad no es agitar, es cumplir con una responsabilidad social básica.
Resulta preocupante que, ante estas denuncias sostenidas, se intente desviar el foco calificando a quienes alertan de la situación como “agitadores”. Ese lenguaje no protege al sistema sanitario ni a sus profesionales; solo diluye el debate y evita afrontar el problema de fondo: la falta de atención real y continuada para menores que no pueden esperar.
La estabilidad que se reclama para atraer profesionales no puede construirse sobre el silencio de las familias ni sobre la invisibilización de los menores en riesgo. Defender la sanidad pública pasa también por aceptar la crítica, corregir carencias y garantizar que ningún niño o adolescente quede desatendido mientras se debate quién tiene la culpa.