La participación pública en el accionariado de una cuarta naviera que cubra el servicio de transporte de viajeros en el Estrecho ha sido planteada por el Gobierno de la Ciudad como un instrumento para reordenar la competencia empresarial en el sector. La idea de que sea necesario que el dinero público se aventure en el mercado para corregir sus desequilibrios resulta antipática.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha anticipado que, en todo caso, la participación que pudiera tener el Ayuntamiento en la nueva empresa sería limitada. Sea como fuere, e independientemente de los recursos que se allegaran al proyecto, la entrada en el mercado de la institución municipal se antoja una rendición.
Debe haber algún modo de que las autoridades encargadas de la regulación de los mercados y la competencia aborten definitivamente los sospechosos equilibrios que sostienen las empresas que explotan la línea de pasajeros en el Estrecho. Aceptar que es necesario montar una naviera propia o participar de cualquier modo en una nueva compañía para propiciar la mejora del servicio que prestan los actuales operadores y rebajar las tarifas es una claudicación. La administración local dispone de los recursos que asisten al Estado para disuadir a las empresas privadas de cualquier tentación de incrementar sus beneficios a costa de adulterar lo que en esencia no deja de ser un servicio público.
A las autoridades compete anteponer el interés general a la voracidad de las empresas privadas.
Todo ello sin considerar el hecho de que exponer el dinero de todos en iniciativas empresariales suele alumbrar onerosos engendros que al final acabamos por pagar los contribuyentes. La dudosa rentabilidad económica y social del hotel Tryp es un ejemplo de ello.
