De momento, tanto Vivas como Hachuel no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuál es la verdadera razón para tomar una decisión de este calado. El primero de ellos, el presidente, argumenta que todo llega a raíz de la existencia de ciertos informes jurídicos que aconsejan la externalización de estos servicios, mientras que el portavoz, en la rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno, argumentó que todo se debe a “una optimización de los recursos”.
El desconcierto en el seno de los otrora conocidos como naranjitos es total y desde la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ya se habla movilizaciones para tratar de impedir que la acción se lleve a cabo. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los 154 trabajadores de las Brigadas Verdes proceden del antiguo Plan Territorial y del programa de Garantía Social. Muchos con edades avanzadas y, según dicen desde la FPAV, sin los años mínimos cotizados para disfrutar de la jubilación, lo que hace aún más complicado la resolución del asunto.
En este apartado, el presidente y el portavoz han coincidido en que el Gobierno va a “salvaguardar los derechos de estos trabajadores”, aunque Hachuel, cuando se le intentó preguntar, dijo que no era bueno especular.
En plena época estival el Gobierno acaba de abrir un melón que se puede convertir a partir de otoño en una verdadera patata caliente
