Antonio López, exgerente de Emvicesa detenido este martes por la Policía Nacional, debe de recordar con nostalgia la efusiva recepción que hace poco más de un año se le brindaba a la salida del Palacio de Justicia después de comparecer ante la juez. La seguridad de la que entonces hacía gala ha debido de tornarse incertidumbre tras su sonado arresto.
López, imputado por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar, ha visto declinar su estrella de joven adinerado y triunfador. La investigación sobre las actividades que el exgerente de la sociedad municipal desplegó durante sus años en la gestión de los asuntos públicos adquiere, sin duda, una dimensión política que a nadie escapa. Al PP, tampoco.
Inmediatamente después del estallido del escándalo de las 317 allá por el verano de 2015, el PP salió a la palestra para negar la existencia de trama corrupta alguna y señalar a López como único responsable de las irregularidades que hubieran podido cometerse. Los populares se apresuraron a llevar ante los tribunales a aquél en quien, en otro tiempo, depositaron su confianza.
Desde aquel momento, silencio. El partido de Juan Vivas huyó de cualquier referencia al que ya se apuntaba como el caso de presunta corrupción más grave de cuantos se han revelado en los últimos años a la opinión pública en Ceuta. En este afán de condenar al olvido político el escándalo y circunscribirlo al ámbito judicial, los populares decidieron, hace ahora un año, suspender la comisión de investigación que sobre el asunto había abierto la Ciudad.
Las pesquisas continúan vivas. Habrá que esperar a conocer las determinaciones que adopte la justicia en las próximas horas. Sólo entonces podrá saberse hasta dónde alcanza la podredumbre.
