La Asamblea de la Ciudad aprobó el pasado agosto constituir una comisión parlamentaria cuya encomienda habría de ser la de estudiar la situación del transporte marítimo de pasajeros con la Península. Transcurridos seis meses, la citada comisión no ha pasado de ser un acuerdo consignado en las actas de sesiones de la institución.
Esta demora le ha sido reprochada al Gobierno de Vivas por el diputado de Ciudadanos, Javier Varga, en el mismo salón de plenos donde se aprobó el acuerdo incumplido. Vivas ha encontrado, sin embargo, una justificación. Según el presidente, el Gobierno ha desplegado una incesante actividad ante los organismos competentes, cuyas conclusiones desea aportar a la futura comisión. Todas esas gestiones ya fueron detalladas ante el plenario hace seis meses. Pero Vivas guardaba una nueva revelación: el ejecutivo local conversa con “promotores” interesados en conseguir el apoyo institucional de la Ciudad para establecerse con una nueva naviera en la línea Algeciras-Ceuta.
Sin negar los esfuerzos desplegados por la Ciudad a los que Vivas alude, resulta extraño que, tras tantos años de quejas y agravios, ningún gobierno local haya emprendido una ofensiva determinada y ambiciosa para hacer ver, no sólo a las autoridades competentes sino también a la opinión pública nacional, los abusos a los que es sometido un grupo de españoles cautivos por su condición de extrapeninsulares. La nonata comisión podría convertirse en esa punta de lanza que jamás se ha esgrimido. Y las gestiones que haya podido hacer la Ciudad no son excusa para justificar la demora experimentada en su constitución.
Quienes han de integrar ese foro son parlamentarios de la Asamblea de Ceuta, esto es, representantes de la ciudadanía. A ellos, como diputados y miembros de esa comisión, bien se les podría confiar el resultado de las gestiones que el Gobierno desarrolle para conseguir que la calidad y los precios de un servicio esencial como el del transporte de pasajeros en el Estrecho estén a la altura de las demandas de la población. Y la naturaleza de las conversaciones que se sigan con empresas que puedan estar interesadas en mejorar las condiciones del transporte marítimo. Por mucha que sea la discreción con la que se conduzcan.
Sin embargo, toda esta información se apunta apenas, y sólo cuando la oposición resuelve interpelar al Gobierno en el foro público del pleno de la Asamblea.
La comisión debería constituirse a no mucho tardar. Y debería servir para algo. Aunque esto último no sea muy frecuente cuando se habla de comisiones.
