Cualquier elección sirve para alentar el entusiasmo gestor de las administraciones, activar la eficiencia en la gobernación y cifrar objetivos que jamás antes se habían ni tan siquiera planteado. La prometida reducción de las tarifas en los servicios de transporte marítimo constituye un ejemplo de estas propiedades vigorizantes inherentes a todo proceso electoral.
El Gobierno de la Ciudad, a través de su presidente y de su consejero de Medio Ambiente (¿?), ha avanzado lo que no duda en presentar como un logro ante las reticencias de las navieras a reconsiderar las tarifas de sus servicios. Según el Gobierno local, el Ministerio de Fomento obligará a las compañías a aplicar con carácter general a todos los usuarios los precios vigentes para los residentes en una de las rotaciones diarias de sus barcos.
Además, el equipo de gobierno ha reservado 350.000 euros para financiar reducciones en las tarifas que beneficiarán a los denominados “ausentes”, una categoría por definir que, al menos, habrá de incluir a los familiares de los residentes.
El panorama no puede ser más esplendoroso. El problema reside en que los ciudadanos quizás no toleren una frustración más si es que los planes del Gobierno no resultan, finalmente, viables.
Ni que decir tiene que, en lo concerniente a la bajada de los precios para los “ausentes”, todos esperan que esa partida de 350.000 euros se renueve una vez que se agote, algo que se desconoce cuándo sucederá, pues el Gobierno de la Ciudad no ha ofrecido ni estimaciones ni cálculos al respecto.
Y como guinda, y gracias a la iniciativa de unos empresarios ceutíes dispuestos a asumir los riesgos que comporta el negocio, todas estas novedades coinciden en el tiempo con la inminente recuperación de la línea aérea de pasajeros con la Península.
Si todo transcurre con arreglo a lo anunciado por el equipo de gobierno, se habrá dado un paso significativo en lo que respecta a las conexiones marítimas de la ciudad. Si no, siempre podemos esperar otros cuatro años para que nos den otra alegría.
