Los constructores están irritados. La asociación que los representa ha advertido públicamente al Gobierno de la Ciudad que la aplicación del límite de los 500 euros a partir del cual cualquier gasto de la administración local ha de ser licitado supone un obstáculo al entendimiento.
La queja de los empresarios se puede exponer sucintamente. La obligación de licitar cualquier gasto público que exceda de los 500 euros ocasiona severos perjuicios al conjunto del empresariado local. Lo singular de la reivindicación de los constructores es que esa limitación ya fue suprimida por acuerdo del pleno de la Asamblea el pasado 20 de febrero. Hace ya casi ocho meses de la adopción de la medida por el plenario y todavía continúa sin ejecutarse.
La valoración que pueda hacerse acerca de la bondad o eficacia de la imposición del límite de los 500 euros resulta incluso lo menos relevante de este caso. De hecho, el Gobierno local y los empresarios están de acuerdo. El primero promovió la eliminación del criterio de los 500 euros, los segundos lo repudian, como resulta evidente. Y, sin embargo, los constructores se ven forzados a advertir al equipo de gobierno municipal de que, de no ejecutar el acuerdo plenario, están dispuestos a ocupar la calle para hacer pública su protesta.
El anterior consejero de Economía, Emilio Carreira, ya defendió en febrero la necesidad de modificar la norma. Así, Carreira anunció que todos los gastos comprendidos entre los 500 euros y los límites establecidos por la legislación de contratos públicos a partir de los cuales la licitación es obligatoria -18.000 euros en el caso de los servicios y 50.000 en los casos de las obras- se otorgarían a empresas locales incluidas en una base de datos confeccionada con arreglo a los datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
No se ha debido de ser muy diligente si los empresarios, tantos meses después, han resuelto enfrentarse abiertamente con la administración.
Si el conflicto se solucionaría con la ejecución del acuerdo adoptado en la Asamblea, y si las medidas sancionadas por el pleno se proponen, votan y aprueban para ser puestas en práctica, ¿dónde está realmente el problema?
