Opinión

Guardería

La guardería pública que alberga el edificio Amor Fraterno, propiedad de la Iglesia católica, ha adquirido durante estos últimos días un protagonismo indeseado. La cuestionable gestión de la Consejería de Educación ha abocado a los progenitores de los 110 niños matriculados a una incertidumbre impropia de una administración que se repute seria y eficaz.

La guardería pública que alberga el edificio Amor Fraterno, propiedad de la Iglesia católica, ha adquirido durante estos últimos días un protagonismo indeseado. La cuestionable gestión de la Consejería de Educación ha abocado a los progenitores de los 110 niños matriculados a una incertidumbre impropia de una administración que se repute seria y eficaz.

La apertura el próximo día 8 del curso escolar en la guardería está rodeada de dudas. Un contencioso en torno a la interpretación del contrato de alquiler del edificio propiedad de la entidad religiosa Pía Unión puede dejar a los niños sin sus clases. La consejera de Educación, Mabel Deu, ha insistido en que tal cosa no sucederá porque su departamento sopesa establecimientos alternativos para albergar la guardería. Aunque no ha revelado cuáles son éstos.

En todo caso, la Consejería debería de haber tenido en cuenta la inminencia del fin del contrato con la Pía Unión para garantizar un inicio del curso sin sobresaltos para estos 110 niños y sus progenitores. No basta con confiar en que el litigio se resolverá a favor de la Ciudad, cosa que nadie garantiza. Hay cosas que no pueden dejarse al azar, y una de ellas es el derecho de los pequeños a su educación.

La gestión de esta controversia no parece haber sido la más brillante de cuantas ha podido conducir la consejera Deu durante su vasta experiencia en el Gobierno local. La Consejería fue alertada con tiempo suficiente por la propiedad del inmueble de su intención de no renovar el contrato de alquiler, pese a lo cual, nadie vio necesario adoptar medidas para evitar que los alumnos de la guardería se vieran afectados por un contencioso al que son completamente ajenos. Ahora, las autoridades municipales se ven obligadas a buscar una solución “exprés”. No parece que esta manera de dirigir los asuntos públicos sea la mejor para generar confianza entre los administrados.

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