Opinión

Más de un día

Las autoridades españolas aplican de manera estricta en Ceuta la ley que consagra la inclusión en el ordenamiento jurídico de los denominados “rechazos en frontera”, conocidos como “devoluciones en caliente” por otro nombre. La rigidez en la observancia de esta práctica, que no se compadece con la indefinición de la norma que la regula, está por encima de cualquier otra consideración.

Las autoridades españolas aplican de manera estricta en Ceuta la ley que consagra la inclusión en el ordenamiento jurídico de los denominados “rechazos en frontera”, conocidos como “devoluciones en caliente” por otro nombre. La rigidez en la observancia de esta práctica, que no se compadece con la indefinición de la norma que la regula, está por encima de cualquier otra consideración.

El “rechazo en frontera” (o “devolución en caliente”) goza de todos los avales que concede la ley, según insiste el Gobierno español. La certeza que manejan nuestros gobernantes de que esto es así debería tranquilizar a cualquier ciudadano asaltado por los escrúpulos. Es legal, y eso ha de bastar.

La devolución a territorio marroquí del joven que ha permanecido 30 horas encaramado a la valla fronteriza se presenta como un caso canónico. El migrante ha sido conducido al país vecino este viernes, al igual que había sucedido horas antes con dos de sus compañeros.

La estricta legalidad de la práctica no resulta incompatible, ante lo que los hechos revelan, con no prestar asistencia letrada al migrante. El “rechazo en frontera” tampoco es contradictorio, a lo que parece, con la indiferencia hacia la historia personal del hombre que aguantó 30 horas en lo más alto del cercado.  Puede que fuera un perseguido político, un homosexual amenazado de muerte en su país natal, un musulmán acosado en tierra de cristianos o un cristiano amenazado en tierra de musulmanes. Puede también que no fuera ninguna de estas cosas, pero jamás lo sabremos. Sencillamente, nadie le preguntó.

La ley no está expuesta al menoscabo de otras consideraciones. La situación de una persona que decide ovillarse durante más de un día en la cima de una valla no puede juzgarse la más saludable. No había ningún médico que evaluara su estado de salud. La decisión quedó al albur de las autoridades civiles para ser ejecutada por los guardias, quienes poco tienen que decir en asuntos de esta naturaleza.

Lo bueno de cualquier ley es que todo lo que contiene es legal. Así que no hay motivos para el escándalo.