La resolución judicial por la que se condena a la Ciudad a abonar 300.000 euros a la familia de Ibrahim Arraoui, el joven asesinado por un menor en la playa de La Ribera el pasado marzo, es la constatación de un fracaso. La juez argumenta que la Ciudad no adoptó medidas suficientes para controlar al agresor, que había mostrado con anterioridad un carácter violento. La sentencia subraya “la inexistencia de un comportamiento corrector y educativo adecuado por parte de la Administración”.
El trágico caso del joven Ibrahim pone de manifiesto un sistema de atención, acogida y tutela de los menores extranjeros no acompañados lastrado por la ineficacia. La resignación con la que la Ciudad acepta que decenas de adolescentes vaguen por las calles sin control alguno, excluidos de los programas de integración de los que deberían ser beneficiarios, resulta sonrojante. Aunque, quizás, no sea absolutamente justo atribuir toda la responsabilidad a la Administración local.
Fiar a los solos recursos de la Ciudad la política de acogida de estos jóvenes demuestra la indiferencia con la que las autoridades estatales abordan este problema.
