La rutina ha transformado las sesiones plenarias en un espectáculo farragoso y predecible. Más allá del lucimiento personal de alguno de los diputados más dotados y la buena voluntad exhibida por aquéllos que no han sido llamados por los caminos de la oratoria, los debates alentados por sus señorías se revelan estériles.
La incapacidad de los grupos políticos para consensuar las normas de funcionamiento de la cámara ya resulta de por sí reveladora. Pero quizás ése sea el menor los problemas.
Durante toda una legislatura, los parlamentarios han transigido con un modelo de funcionamiento que constituye en sí mismo un desprecio hacia aquéllos a quienes representan. Sesiones plenarias de hasta doce horas plagadas de propuestas que, en un generoso porcentaje, no son sino ocurrencias y boutades ideadas, presumiblemente, durante ociosas tardes de tedio en la sede del respectivo partido.
También resulta no poco instructivo el análisis de la mecánica de unos plenos que parecen concebidos con la vocación de pretenderse idénticos los unos a los otros. La cosa podría describirse, sumariamente, del siguiente modo.
La oposición plantea su propuesta –un asunto de enjundia, una menudencia o, sencillamente, una extravagancia, según el caso. La bancada del Gobierno advierte de que aquello que se solicita ya está proyectado, en marcha o a punto de culminarse. En este punto, propone una transaccional que, en la mayoría de los casos, es aceptada por el ponente de la oposición. Acto seguido, la discusión avanza hacia el formato que mejor se aviene para el análisis, estudio y evaluación de la iniciativa propuesta. Como suele, todo acaba desembocando en la creación de una comisión, un foro de diálogo o un comité paritario.
La cosa se aprueba por la unanimidad de los presentes en la seguridad de que nadie ejecutará lo pactado y pocos se interesaran por su cumplimiento.
Y el mes que viene, otro.
