Caminando Fronteras denuncia que las autoridades consulares han denegado el permiso para viajar a España a los familiares de los muertos en la tragedia de la playa de El Tarajal. Aquel ominoso suceso constituye, aun dos años después, una fastidiosa molestia para nuestros gobernantes.
La denegación de los permisos necesarios para entrar en el país a las familias de las víctimas, amén de al escándalo, llama a una reflexión. La memoria de los quince jóvenes, ahogados mientras las fuerzas policiales observaban los acontecimientos desde tierra e intentaban impedir su llegada a la playa con material antidisturbios, se ha borrado con inusitada y vergonzante facilidad de nuestro paisaje moral. Nada hay que les recuerde, nadie que haga nada por intentar recordarles.
Detengámonos en Ceuta. Llama la atención que aquella tragedia tan reciente esté ausente de los discursos de las autoridades, huérfana de placas conmemorativas y monolitos, ignorada por la mayoría. Cualquier ciudad en cuyo suelo se hubiese producido una enormidad como la que se vivió en esta tierra hace dos años se habría ocupado de evitar la desmemoria, de convertir aquella desdicha en una enseñanza.
En los actos oficiales, las autoridades no aluden a los muertos en su aniversario, no invitan al estrado a las mujeres de los fallecidos, a sus padres, a sus madres. Ni una mala metopa evoca el dolor de aquel triste día.
Sería difícil aseverar que la conducta de nuestros gobernantes y, desgraciadamente, de buena parte de la sociedad ceutí, obedece a una actitud racista o a algo emparentado aunque sea lejanamente con el racismo. Cabe pensar que un montón de cadáveres apellidados López, Hernández, Ramírez o González no habrían pasado desapercibidos del mismo modo. Pero esto, como se ha dicho, no podríamos asegurarlo con absoluta certeza.
