La visita del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofrece todas las apariencias de una cuidada puesta en escena. La modificación de la Ley de Extranjería, sancionada por el Senado la pasada semana a través de la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ha venido a legalizar la denominada “devolución en caliente”, una práctica que ha sido rabiosamente contestada por organismos internacionales y, en casa, por asociaciones profesionales, organizaciones humanitarias y partidos políticos. Algo había que hacer para evitar que la censura del mundo recayera sobre la decisión del Gobierno español de convertir en legal lo que, según no pocos pareceres, resulta contrario al derecho internacional.
La oficina de asilo que se ha abierto hoy en Ceuta –y la que el mismo ministro inaugurará mañana en Melilla- no puede ocultar el baldón que como una losa pesa sobre un país que ha decidido introducir en su ordenamiento legal la deportación sumaria de inmigrantes. Independientemente de la eficacia de la oficina (no se nos ocurre cómo un ciudadano de Senegal o Burkina Fasso podrá llegar a beneficiarse de este nuevo servicio), no se puede culpar a quien barrunte que tras esta inauguración se esconde un intento por justificar una modificación legal inaceptable.
Esperemos al comisario Avramopoulos. Algo tendrá que decir.
