La inactividad en la que se halla sumida la oficina de protección internacional ubicada en la frontera de El Tarajal desde su inauguración habría de ser causa suficiente para que las autoridades españolas se replantearan su existencia. Sin embargo, las dependencias continúan abiertas, quizás para que no olvidemos qué grado de estulticia –o de cinismo- es capaz de alcanzar un gestor público en España.
Tal y como no han dejado de denunciar las oenegés, la oficina constituye en sí misma un sinsentido si se tiene en cuenta que sus potenciales usuarios son los migrantes subsaharianos que tratan de entrar a España desde Marruecos. Esto es, el público al que ha de atender este departamento de la administración no puede acceder físicamente a sus dependencias por razones obvias: están en otro país y carecen de documentación para entrar en el nuestro. Quizás sea esta la razón por la que la oficina no ha tramitado ni una sola petición de asilo desde que abrió sus puertas en marzo de 2015.
Esta sutileza parece escapar al entendimiento del delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull. “Si no se puede acceder a la oficina de asilo no es por culpa del Gobierno”, ha reflexionado el delegado ante los periodistas.
Pese a todo, cualquiera que someta a un análisis detenido las palabras de Fernández Cucurull habrá de concluir sin remedio que el delegado está avalado en sus manifestaciones por ese instinto del intelecto que solemos denominar sentido común. Recurramos a un supuesto que se antoja ilustrativo, aunque quizás improbable, del modo de razonar empleado por el delegado.
Imaginemos que el Ministerio del Interior, en un alarde extravagante, hubiese decidido instalar la oficina de protección internacional en la vertiente aragonesa del Moncayo, a unos 300 metros de la cima. De haberlo resuelto así, la aseveración del delegado del Gobierno no perdería ni un ápice de su solidez y coherencia intelectuales. Obsérvese. “Si no se puede acceder a la oficina de asilo no es por culpa del Gobierno”. Efectivamente, la responsabilidad, en tal caso, sería imputable exclusivamente a quienes, haciendo gala de una manifiesta inconsciencia, prefieren saltar la valla fronteriza a contratar los servicios de un sherpa para hacer las cosas como Dios manda.
De sentido común.
