El seguimiento a la huelga convocada en las aulas por los representantes de los padres y madres de alumnos no ha hecho sino evidenciar algo sobre lo que ya no cabía ninguna duda a estas alturas: la comunidad educativa está mayoritariamente en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Centenares de alumnos, padres y profesores han tomado este miércoles la Plaza de los Reyes para manifestar su rechazo a las reválidas, uno de los hijos menos estimados de la ley de educación del Gobierno de Mariano Rajoy. Legislar contra la opinión mayoritaria de la gente no se antoja la manera más adecuada de fraguar consensos en torno a una de las tareas que, como es la educación de nuestros hijos, el Estado ha de afrontar con particular sigilo y sentido común.
El futuro de la Lomce se antoja ahora incierto. El nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados abre la puerta a una reforma que el PP, velis nolis, se verá abocado a enfrentar tarde o temprano. Quizás resultaría sensato que, antes de darse de bruces con la realidad, el futuro gobierno de Mariano Rajoy promueva motu proprio un cambio de la ley. Una modificación que debería dar lugar a una nueva norma forjada con el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos con representación institucional.
