La devolución a Marruecos de los 116 migrantes que este miércoles consiguieron entrar en la ciudad franqueando la valla fronteriza ha de generar necesariamente incredulidad entre el electorado del PSOE. Esta decisión no hace sino abundar en el pantano de contradicciones en el que se ha sumido el Gobierno de Pedro Sánchez desde que el socialista tomara posesión como presidente el pasado 2 de junio.
El discurso del partido durante su paso por la oposición y los compromisos de primera hora adquiridos por el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, animaban a creer que se establecería un nuevo rumbo en la política migratoria del Gobierno. El gesto de acoger en el puerto de Valencia a los 630 migrantes rescatados frente a Libia parecía confirmarlo. En poco más de dos meses, los vientos de cambio han comenzado a amainar y ahora parecen soplar en dirección opuesta.
El Gobierno anunció que reconsideraría la legalidad de la práctica de las devoluciones sumarias de migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Ahora, de improviso, el Ministerio del Interior, adoptando una resolución inédita amparada en un acuerdo suscrito con Marruecos en 1992, organiza una deportación masiva que no se compadece con los propósitos anunciados hace tan sólo unas semanas.
Si algún mérito hay que reconocerle a los socialistas –seguramente no premeditado- es el de haber desconcertado a los opositores al Gobierno. Sánchez ha sumido en la confusión a todas las formaciones políticas haciendo lo que ni Mariano Rajoy se atrevió a hacer. En Moncloa han debido de creer que abocar a la estupefacción a los propios y a los extraños habrá de resultar a la larga una estrategia abocada al éxito. Quizás sea eso.
