Opinión

Los altos cargos y la responsabilidad

Si hay algún colmo de la irresponsabilidad, éste se destaca nítidamente en un diputado de la oposición. 

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Dice bien el presidente Vivas cuando afirma que su gobierno no es excesivo en cuanto al número de altos cargos. Cualquier discurso en contra puede ser tan legítimo como demagógico.

Hace bien el presidente en resaltar el carácter autonómico de la Ciudad de Ceuta, lo que provoca servidumbres que no sufren los ayuntamientos (o disfrutan, según se mire).

Son muchos los frentes a atender derivados de las competencias estrictamente autonómicas y que obligan a la institución a desplegar su presencia en múltiples foros de cooperación. Y quedarse fuera no puede ser la solución cuando se participa de un sistema en el que la cooperación  interterritorial, junto con el Estado, conforma la base del progreso. Por otra parte, nuestra participación en el proyecto común europeo, también obliga a esfuerzos suplementarios.

Las condiciones excepcionales, tanto geográficas como demográficas y socioeconómicas, requieren a si mismo de una atención mucho más intensa que la que por las mismas razones, dedicaría cualquier otro ayuntamiento. Se necesitan muchas personas capaces y dedicadas para sacar adelante tan ingente tarea, más allá de los diputados electos de la Asamblea. Otra cosa es acertar o no con la elección, pero a priori, el Gobierno que ha planteado Vivas, parece mesurado y acorde con las necesidades y los retos.

De hecho, lo que parece más desmadrado es la voracidad de los grupos políticos a la hora de nombrar asesores fuera del Gobierno. De salir adelante lo que algunos proponen (uno por cada diputado), nos encontraríamos con que sólo entre el PSOE y Vox, tendrían 13 asesores de su exclusiva confianza, sin que a éstos se les exija ninguna cualificación. Vamos, que aquí ocurre lo de “consejos vendo que para mí no tengo”.

Pero si hay algún colmo de la irresponsabilidad, éste se destaca nítidamente en un diputado de la oposición (¿?), a la sazón el número tres de la lista del PSOE, que no sabe todavía o no quiere saber, si debe defender los intereses de la ciudad o los de Trace. Bien es verdad que mantiene esa dualidad de diputado y de agente de Trace, entendido esto último como la expresión de su defensa de un modelo de presión-confrontaciòn-negociación que se ha manifestado nefasto en la práctica. Su último despacho ha sido de aurora boreal, al acusar al interventor de fondos de la ciudad de estar aburrido y estropear el status quo de la cosa. Yo conozco bien al interventor y puedo asegurar que sus fiscalizaciones del gasto público son justas y proporcionadas a lo que en cada caso la administración debe exigir. A él, al diputado no le conozco y por ello no puedo juzgarle más allá de sus palabras. Pero sólo por ellas, a mi humilde juicio desproporcionadas y que van mucho más allá de lo que se espera de un representante político, queda en entredicho el compromiso con la defensa del interés general.

Vivas ha hablado de resolver este contrato. Sin causar daños a nadie si es posible. De momento, alguien está colocando como diana a un alto funcionario. Lo que hace falta es que la transparencia y el interés general prevalezcan y eso ahora mismo, quien mejor lo puede garantizar es el interventor.

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