Opinión

Los agentes que protegen Ceuta no tienen quién les proteja a ellos

Artículo de opinión de José Antonio Carbonell Buzzian

Polifuncional Policía Local

El Gobierno local aprueba 1,7 millones para reformar la fachada de la Policía Local mientras sus agentes salen a la calle con chalecos caducados, los comparten entre turnos y manipulan armas sobre un bidón improvisado. Cuatro años de denuncias sindicales. Cero respuestas.

Hay una forma muy precisa de saber lo que le importa a un gobierno: mirar cómo gasta el dinero. No lo que dice en sus comunicados. Lo que firma en el Consejo de Gobierno.

En octubre de 2025, la Ciudad Autónoma de Ceuta aprobó un contrato plurianual de 1.726.414,06 euros para reformar la fachada del Edificio Polifuncional de la Policía Local, en la Avenida de África. Dos anualidades: 500.000 euros en 2025 y 1.226.414 euros en 2026. Nuevo revestimiento exterior, carpintería, aislamiento acústico. La imagen del edificio, impecable.

Ese mismo año, la Confederación Española de Policía (CEP) documentó que los agentes de la Policía Local de Ceuta compartían el chaleco antibalas entre turnos. No hay suficientes para todos. Se los pasan sin tiempo para secarse ni desinfectarse. En la calle, mientras tanto, el uso de armas blancas va en aumento. La CEP lo puso por escrito y lo hizo público. El Gobierno no respondió.

Tampoco respondió cuando, en diciembre de 2025, el mismo sindicato denunció que los agentes utilizaban un bidón improvisado como zona fría para la manipulación de armas. No porque no haya otra opción, sino porque el Gobierno no ha destinado los recursos necesarios para instalar un sistema que cumpla la normativa básica de prevención de riesgos laborales.

Un bidón. En una plantilla que el propio Gobierno presenta como garantía de seguridad para los ciudadanos de Ceuta.

Esto no empezó en 2025. En 2021, el CSIF ya alertó de que más de una decena de agentes tenían los chalecos antibalas caducados y que, en menos de un mes, caducarían más de cincuenta. La respuesta oficial fue que los chalecos estarían disponibles "próximamente". Cuatro años después, el sindicato repite la misma denuncia con las mismas palabras.

Cuatro años. Tres denuncias sindicales públicas y documentadas. Cero respuestas formales de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Cero hojas de ruta publicadas. Cero protocolos de renovación de equipamiento que consten en ningún registro oficial.

Lo que sí consta es que, en ese mismo período, los agentes trabajaron meses extraordinarios sin cobrar. En octubre de 2025, el Consejo de Gobierno tuvo que autorizar el pago de 307.652,05 euros en servicios extraordinarios de los meses de abril, mayo y junio. Los agentes salieron a trabajar sin cobrar lo pactado, sin chalecos suficientes, con un bidón como equipamiento de seguridad. Y el Gobierno, ese mismo mes, firmó el contrato de la fachada.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es una recomendación. Su artículo 17 obliga al empleador, en este caso la Ciudad Autónoma, a proporcionar equipos de protección individual adecuados al riesgo y a velar por su uso efectivo. No es una opción. No está sujeto a disponibilidad presupuestaria discrecional. Es una obligación legal que el Gobierno de Juan Vivas lleva cuatro años incumpliendo ante la vista de todos.

Mejorar la fachada de un edificio no protege a ningún agente en una intervención. Un chaleco antibalas en buen estado, sí. El Gobierno lo sabe.

LAS PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO TIENE OBLIGACIÓN DE RESPONDER

Como ciudadano que se preocupa por los agentes, solicito respuesta formal a la Consejería de Presidencia y Gobernación en el plazo de diez días hábiles:

  1. ¿Cuántos chalecos antibalas están actualmente en uso en la Policía Local de Ceuta y cuántos se encuentran dentro del período de vigencia establecido por el fabricante?

  2. ¿Existe un protocolo de renovación periódica del equipamiento de protección individual? En caso afirmativo, ¿cuándo fue aprobado, quién lo firmó y dónde está publicado?

  3. ¿Se ha realizado evaluación de riesgos laborales conforme al artículo 16 de la Ley 31/1995 que contemple específicamente la carencia de equipamiento de protección individual?

  4. ¿Qué justificación técnica ampara la decisión de aprobar 1,7 millones para obra civil exterior antes de garantizar el equipamiento de seguridad básico de los agentes?

La ausencia de respuesta será, en sí misma, una respuesta.