Hay un contenedor en la frontera del Tarajal que se llena cada día de aceitunas, chebakia, aceite, pan y fruta. No es el contenedor de ningún traficante ni de ninguna red organizada. Es el contenedor donde acaban las compras de familias ceutíes que cruzan a Marruecos y regresan a su ciudad con lo que cualquier español lleva tranquilamente en el maletero desde Tarifa o Algeciras. Ese contenedor es la imagen más honesta del fracaso de la Circular IM/1/2022 (que regula los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios desde Marruecos a Ceuta y Melilla), y también el mejor argumento para exigir que se derogue o se reforme de una vez.
El MDyC lleva meses denunciando esta situación y pidiendo al nuevo delegado del Gobierno que actúe. La formación ha censurado que se esté consintiendo que la frontera del Tarajal se haya convertido en un "gran contenedor lleno de alimentos" y pide al delegado que adopte las medidas necesarias para flexibilizar la Circular IM/1/2022 y evitar más perjuicios a la ciudadanía. No es una petición nueva. En septiembre pasado, el MDyC ya llevó al Pleno de la Asamblea una propuesta para reformular y flexibilizar la circular, equiparando sus límites a los establecidos en los reglamentos europeos, y fue rechazada por la mayoría de las formaciones políticas. Y hace apenas unas semanas, en el Pleno de enero, las iniciativas del MDyC y Ceuta Ya! para exigir cambios en la gestión fronteriza tampoco prosperaron, en un debate que dejó momentos de fuerte confrontación entre los grupos.
Todo el mundo ve el problema. Nadie aprieta el botón.
El agravio es real y está documentado
La injusticia de fondo no es anecdótica: es estructural. En los puertos de Algeciras y Tarifa, al ser espacio Schengen, se aplican los reglamentos europeos sobre controles en materia de alimentos y mercancías de viajeros. En Ceuta y Melilla, al no pertenecer al territorio Schengen, lo que rige es la Circular IM/1/2022, en vigor desde la reapertura de las fronteras terrestres en 2022, con limitaciones similares pero con diferencias que generan un agravio comparativo claro. Dicho en términos prácticos: un malagueño que cruza desde Tánger en ferry llega a Algeciras con su compra intacta. Un ceutí que cruza el Tarajal con los mismos productos los pierde en el contenedor. Mismo país. Misma comida. Resultado diferente.
Y la norma que lo causa no solo es injusta. Podría ser ilegal. Desde la Plataforma Frontera de Ceuta se ha exigido que la Delegación del Gobierno se pronuncie públicamente sobre la legalidad de la circular, argumentando que la IM/1/2022 está basada en una norma de enero de 1994 que podría estar derogada, y que además colisiona con el Reglamento Delegado UE 2019/2122, cuyo artículo 7 establece que las mercancías del equipaje personal de los pasajeros destinadas a consumo propio están exentas de controles oficiales en los puestos fronterizos. (Ceuta Televisión) Si eso es así, el Estado lleva cuatro años aplicando una norma sin soporte legal para tirar a la basura la compra de sus propios ciudadanos.
La solución existe y es concreta
No hace falta inventar nada. La hoja de ruta ya está escrita. La propuesta del MDyC busca equiparar los límites del Tarajal a los del Reglamento 2019/2122 y el Reglamento 2017/625 que se aplican en Algeciras y Tarifa, con criterios más flexibles para productos de consumo personal. Es decir: aplicar en Ceuta lo mismo que se aplica en el resto de España. Nada más. Nada menos.
Eso supone, en primer lugar, que el delegado del Gobierno traslade urgentemente al Ministerio de Sanidad, que es quien tiene competencia en control alimentario, la necesidad de revisar la circular. Porque, como ha señalado el propio MDyC, no se sabe por qué los controles de productos alimenticios sanitarios los tiene que hacer la Guardia Civil cuando todo señala al Ministerio de Sanidad. Esa pregunta lleva cuatro años sin respuesta. Es hora de que alguien la responda.
Dejen a la Guardia Civil hacer su trabajo
Este es quizás el punto más sensible del debate y también el más claro. La Guardia Civil no tiene ninguna culpa de lo que está pasando en el Tarajal. Los agentes aplican una norma que les imponen, y lo hacen porque no tienen alternativa. Pero convertir a la Benemérita en una brigada de inspectores de tomates y contadores de kilos de aceitunas es un despropósito que afecta a su dignidad institucional tanto como a la de los ciudadanos que ven su compra destruida.
La propia Fátima Hamed lo ha resumido con precisión: "Nuestra Guardia Civil no está para contar patatas y tomates. Creemos que tienen otra función." Exactamente. La Guardia Civil debe dedicarse a la seguridad real de la frontera: el tráfico de drogas, la inmigración irregular, el contrabando organizado, las redes criminales. No a decidir si una bolsa de chebakia supera o no el límite permitido. Esa función, si es necesaria, corresponde a los técnicos del Ministerio de Sanidad, no a las fuerzas de seguridad del Estado.
Liberar a la Guardia Civil de esta responsabilidad no es debilitar el control fronterizo. Es todo lo contrario: es devolverles el foco en lo que de verdad importa y en lo que de verdad son capaces de hacer.
Lo que tiene que hacer el delegado, ahora
Como ha dicho Hamed en la Asamblea, "nuestra frontera antes de inteligente tiene que ser humana". Eso no es un eslogan. Es un criterio de gestión. Y aplicarlo depende de decisiones concretas que el nuevo delegado del Gobierno puede tomar sin esperar a que cuatro partidos se pongan de acuerdo en el Pleno.
Primera: trasladar formalmente al Ministerio de Sanidad la petición de revisión de la Circular IM/1/2022 y solicitar un informe jurídico sobre su vigencia y compatibilidad con el Reglamento UE 2019/2122. Segunda: mientras se tramita esa revisión, instruir a los puntos de control para que apliquen criterios proporcionales y permitan la devolución de productos a Marruecos en lugar de su destrucción, tal como se hace en otras fronteras europeas. Tercera: descargar a la Guardia Civil de la función de control alimentario de viajeros, transfiriéndola a personal técnico especializado.
Ninguna de estas medidas requiere modificar la Constitución, ni negociar con Marruecos, ni esperar a que Bruselas cambie su posición sobre el estatuto de Ceuta. Solo requieren que alguien en la Delegación del Gobierno decida actuar.
El contenedor lleva cuatro años llenándose. Ya es suficiente.
