La Circular IM/1/2022 no la puede derogar el delegado. Y eso lo dice todo sobre para qué sirve tener una Delegación del Gobierno en esta ciudad.
Empecemos por lo que nadie dice en voz alta: el delegado del Gobierno en Ceuta no puede derogar la Circular IM/1/2022. No está en su mano. Esa norma la dicta el Ministerio de Sanidad, la avala el Ministerio del Interior y la sostiene el Gobierno central en Madrid. El delegado es un intermediario. Un buzón. Alguien que recibe las quejas de los ceutíes, las traslada hacia arriba y espera a que desde arriba llegue una respuesta que, en cuatro años, no ha llegado.
Hay que decirlo así de claro porque si no, seguiremos perdiendo el tiempo pidiendo soluciones a quien no tiene poderpara darlas.
¿Para qué sirve entonces la Delegación del Gobierno en Ceuta? Esa es la pregunta incómoda que nadie en esta ciudad quiere formular en voz alta pero que cada familia que cruza el Tarajal y pierde su compra en un contenedor se está haciendo. Si el delegado no puede cambiar la norma que provoca el problema, si no puede dar instrucciones directas a los cuerpos de seguridad del Estado, si no puede negociar con Marruecos y si no puede modificar los reglamentos europeos, ¿qué hace exactamente? Porque lo que hace, fundamentalmente, es trasladar peticiones. Y eso, para los ceutíes, se llama tomadura de pelo.
Mientras tanto, la Guardia Civil sigue contando tomates. Y eso sí tiene solución inmediata, aunque sea parcial. No hay ninguna razón operativa, jurídica ni lógica para que un cuerpo de seguridad del Estado esté empleando recursos humanos y tiempo en decomisar bolsas de chebakia y medir kilos de aceitunas. La Guardia Civil existe para garantizar la seguridad de la frontera: el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración irregular. No para actuar de inspector de supermercado.
Que se retire a la Guardia Civil de esta función ahora. No cuando se derogue la circular. No cuando Madrid decida. Ahora. Si el control sanitario de productos de viajeros particulares es necesario, que lo ejerza personal técnico del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene competencia real sobre ello. Que los agentes vuelvan a hacer lo que saben hacer. Eso sí lo puede pedir el delegado. Eso sí está en su mano. Y si no lo hace, que explique por qué.
Porque el verdadero problema es este: Ceuta lleva cuatro años con una norma injusta, de dudosa legalidad, que no se aplica en ninguna otra frontera española, que destruye la compra de familias que simplemente regresan a casa, y el único interlocutor institucional que tiene esta ciudad con el Gobierno central es una Delegación que no tiene poder para resolver nada de fondo. Eso no es una Delegación. Es una oficina de quejas sin respuesta.
Y ya está bien de quejas. Porque en esta ciudad llevamos cuatro años quejándonos, denunciando, pidiendo y elevando escritos. Partidos, asociaciones, plataformas ciudadanas, todos con su comunicado, todos con su rueda de prensa, todos con su propuesta en el pleno que no llega a ningún sitio. La queja sin músculo detrás no sirve de nada. Lo que Ceuta necesita ahora no es otro comunicado. Necesita que sus representantes políticos dejen de hacer teatro institucional y empiecen a aportar de verdad.
¿Cómo? Con acciones concretas y con consecuencias. Los diputados y senadores ceutíes en el Congreso deben llevar este asunto al pleno nacional, interpelar directamente a los ministros de Sanidad e Interior y forzar una respuesta oficial con plazo. Las formaciones políticas locales tienen que dejar de contentarse con mociones que se rechazan en la Asamblea y construir una posición común, transversal, que llegue a Madrid con una sola voz y sin fisuras. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a exigir que quienes cobran un sueldo público para representarla hagan algo más que lamentarse.
La solución real está en Madrid. En el Consejo de Ministros. En una decisión política que ningún delegado puede tomar pero que cualquier ministro podría tomar mañana si quisiera. La Circular IM/1/2022 se deroga con una firma. Una sola firma. Y lleva cuatro años esperando.
Ceuta merece algo más que un intermediario que traslada papeles y una clase política que acumula quejas en un cajón. Merece representantes que presionen, que incomoden, que no descansen hasta conseguir esa firma. Porque de lo contrario, el contenedor seguirá llenándose. Y la única diferencia será que habrá más comunicados en el archivo.
