Cuando el dinero público se gasta sin que nadie sepa muy bien cómo, cuánto ni dónde acaba.
Ceuta tiene una oficina de turismo. Y la oficina de turismo tiene, actualmente, una reforma. Y la reforma tiene, al parecer, un detalle que merece atención: según fuentes conocedoras de los hechos, habrían sobrado decenas de botes de microcemento, un material cuyo precio de mercado supera los 150 euros la unidad.
Hagan la cuenta. Miles de euros en material adquirido con dinero público del que, presuntamente, nadie ha dado explicación alguna.
Pero detengámonos aquí, porque la verdadera noticia no es el sobrante. La verdadera noticia es lo que ese sobrante revela.
En cualquier obra privada, en cualquier empresa que gestione su dinero con un mínimo de rigor, existe un proyecto con mediciones firmadas, un control de entrada de materiales, un responsable que responde si los números no cuadran y un acta de liquidación cuando la obra concluye. Eso no es burocracia. Es gestión básica.
La pregunta pertinente, entonces, es sencilla: ¿existió ese control en esta obra pública? ¿Hubo mediciones técnicas previas que justificaran el volumen de material adquirido? ¿Quién autorizó la compra? ¿Existe un inventario del sobrante? ¿Qué protocolo ha seguido la administración con ese excedente?
No son preguntas capciosas. Son las preguntas mínimas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse cuando se trata de su dinero.
Porque eso es lo que hay detrás de cada palé de microcemento, de cada bote, de cada euro gastado en una reforma pública: dinero de los ceutíes. De los que pagan sus impuestos puntualmente y que, a cambio, tienen todo el derecho a exigir que quien administra esos fondos lo haga con transparencia, con rigor y con la obligación de explicar cada partida.
Y aquí es donde conviene recordar que la transparencia en la gestión pública no es una opción ni un gesto de buena voluntad. Es una obligación legal. La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga a las administraciones a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. No como favor al ciudadano. Como deber inexcusable.
¿Dónde está, entonces, esa transparencia en este caso? ¿Qué mecanismo de control interno detectó el sobrante? ¿Qué órgano de supervisión ha revisado la gestión de esta obra? ¿Existe en la Ciudad Autónoma un protocolo real y efectivo para el seguimiento del gasto en reformas? ¿O la transparencia es, en Ceuta, un concepto que adorna los discursos pero no llega a los palés de microcemento?
Lo llamativo del caso no es que en una obra puedan sobrar materiales. Eso ocurre. Lo llamativo es la aparente ausencia de cualquier mecanismo que lo detecte, lo registre y lo corrija. Lo llamativo es que, según las fuentes consultadas, nadie parece haberse preguntado oficialmente qué hacer con ese excedente.
En el sector privado, quien gestiona así el dinero de su empresa recibe una carta. En la administración pública de Ceuta, aparentemente, no pasa nada.
Y mientras no pase nada, seguirá sin pasar nada.
