Llevo días dándole vueltas a algo que leí en el Boletín Oficial del Estado. No es fácil de leer, lo reconozco. Pero cuando entendí lo que decía, no pude dejarlo pasar.
En febrero de 2026 el BOE publicó dos resoluciones, con los números BOE-A-2026-4082 y BOE-A-2026-4083. Su contenido, resumido, es este: la Ciudad Autónoma de Ceuta convocó los puestos de Secretario General y de Interventor, los dos cargos técnicos más importantes de nuestra administración, y no se presentó nadie. Nadie. Las plazas quedaron desiertas.
Eso no es una opinión mía. Está publicado en el BOE. Es un hecho.
Y a partir de ese hecho, tengo preguntas. Preguntas legítimas, de ciudadano, sobre lo que ocurrió después.
Primero, ¿qué hacen esos dos funcionarios?
Porque creo que muchos ceutíes, como yo hasta hace poco, no lo saben con claridad y es importante entenderlo.
El Secretario General no trabaja para el presidente de la Ciudad ni para ningún partido. Trabaja para nosotros. Es el funcionario que revisa que todo lo que aprueba el gobierno local sea legal antes de que se ejecute. El que tiene que decir, con nombre y firma, que un contrato o un acuerdo cumple la ley. Sin él, o con alguien que lo sustituye provisionalmente, esa revisión puede no tener el mismo peso legal.
El Interventor tampoco trabaja para el gobierno de turno. Trabaja para nuestro dinero. Es el que comprueba, antes de que se autorice cualquier gasto relevante, que ese gasto está justificado, que tiene cobertura presupuestaria y que se ajusta a la ley. Es, en pocas palabras, el que se supone que pone el freno si algo no cuadra.
La ley exige que estos dos puestos los ocupen funcionarios que han superado una oposición nacional específica, precisamente para que no dependan de quien gobierna. Para que sean independientes. Para que nos protejan a nosotros.
Entonces, ¿qué pasó con esa protección mientras los puestos estaban vacíos?
Esa es mi pregunta principal. Y no la hago con mala intención ni para señalar a nadie. La hago porque creo que es razonable, que es legítima y que cualquier vecino de Ceuta tiene derecho a hacerla.
Porque entre el 27 de enero y el 24 de febrero de 2026, con esos dos puestos sin titular en propiedad, el Consejo de Gobierno de nuestra ciudad aprobó, entre otros actos, los siguientes:
Un convenio con el Estado por casi 12 millones de euros para empleo.
Un contrato de acogida de menores por 7,9 millones de euros.
Un reconocimiento de deuda con una empresa de residuos.
Un convenio con el Ministerio de Hacienda.
Varios contratos más de servicios.
En total, actos que superan los veinte millones de euros en pocas semanas. Dinero público. Nuestro dinero.
Repito: no digo que esos actos sean ilegales. No lo sé. No soy abogado y no tengo los expedientes. La ley prevé que cuando estos puestos quedan vacíos se pueden cubrir provisionalmente, y si eso se hizo bien, todo puede ser perfectamente válido.
Lo que digo es que no sé si se hizo bien. Y que no lo sé porque nadie nos lo ha explicado.
Las preguntas que me gustaría que alguien respondiera
No pido nada extraordinario. Solo lo que cualquier ciudadano tiene derecho a saber sobre cómo se gestiona el dinero de su ciudad. Al amparo de la Ley de Transparencia, que existe precisamente para esto, me pregunto:
¿Quién ejerció como Secretario General de la Ciudad entre el 27 de enero de 2026 y hoy? ¿Con qué nombramiento, en qué condición legal y con qué fecha?
¿Quién ejerció como Interventor entre el 9 de febrero de 2026 y hoy? ¿Con qué nombramiento, en qué condición legal y con qué fecha?
En los contratos y convenios aprobados durante ese periodo, ¿quién firmó los informes jurídicos que corresponden al Secretario? ¿Quién firmó las fiscalizaciones que corresponden al Interventor?
¿Cuándo tiene previsto la Ciudad Autónoma volver a convocar estas plazas para que dejen de estar vacías?
Por qué me importa tanto, como ceutí
Porque Ceuta no es una ciudad cualquiera con problemas menores. Somos una ciudad donde casi tres de cada diez vecinos viven en situación de exclusión social. Donde el paro juvenil es, en palabras del propio presidente de la Ciudad, absolutamente insoportable. Donde hay más de 350 menores migrantes acogidos en un sistema diseñado para 27. Donde cada euro público tiene un destino urgente y una lista larga de personas que lo necesitan.
En una ciudad así, el secretario y el interventor no son burocracia de papel. Son la garantía de que ese dinero llega a donde tiene que llegar. Son la diferencia entre una administración que funciona con control real y una que funciona sobre la fe de que todo se está haciendo bien.
Yo no tengo fe ciega en ninguna administración, sea del partido que sea. Tengo derecho a saber.
Una última cosa
Si alguien en la Ciudad Autónoma lee esto y puede responder estas preguntas, le pido que lo haga. Públicamente, con documentación. No para crear problemas, sino para resolverlos. Una respuesta clara acaba con cualquier duda en cinco minutos.
Y si no hay respuesta, eso también me dice algo.
No sobre la legalidad de nada si no sobre la transparencia de todo.
