Usted probablemente cree que España no está en guerra. Que es un país de paz que observa el conflicto europeo desde una distancia prudente. Que Pedro Sánchez ha trazado una línea roja clara: ni tropas españolas en combate, ni implicación directa en lo que ocurre en el este de Europa. Lo cree porque el Gobierno lleva años diciéndolo, y porque nadie ha puesto delante de usted los datos que contradicen ese relato. Hasta ahora.
Existe una forma sofisticada de mentir que no requiere pronunciar ninguna falsedad. Consiste en construir un relato técnicamente cierto en cada una de sus piezas, pero que en su conjunto produce en el ciudadano una imagen del mundo radicalmente distinta de la real. El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado esta técnica en lo que respecta a la participación de España en la reconfiguración militar de Europa.
Conviene detenerse en los datos. En 2014, España destinaba apenas el 0,93% de su PIB a defensa y 9.508 millones de euros a su presupuesto militar. En 2025, el gasto alcanza los 33.123 millones, cumpliendo por primera vez el estándar mínimo del 2% del PIB exigido por la OTAN. España ha triplicado su gasto en defensa en una década. Una cifra de esa magnitud no se enmarca en ninguna narrativa de paz; se enmarca en una lógica de rearme colectivo ante una amenaza percibida como real.
Y hay más. En la Cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados suscribieron un nuevo objetivo: el 5% del PIB en gasto de seguridad y defensa para 2035. España matizó, negoció, se resistió públicamente. Pero está dentro de la alianza que firmó ese compromiso. La diferencia entre oponerse retóricamente a un acuerdo y asumirlo legalmente es, en política exterior, la diferencia entre el gesto y la realidad.
A esto se añade que España mantiene actualmente cerca de 3.000 efectivos militares desplegados en 16 misiones internacionales bajo las banderas de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas. Aviones españoles patrullan el espacio aéreo báltico. Soldados españoles están presentes en los flancos orientales de Europa. Ningún portavoz del Gobierno lo niega, porque no puede negarlo. Pero tampoco lo incorpora al relato que dirige al ciudadano medio, que sigue creyendo que España observa el conflicto europeo desde una cómoda distancia de seguridad.
El problema de fondo no es que España participe en la defensa colectiva de Occidente. Puede argumentarse sólidamente que hacerlo es coherente con sus intereses nacionales y con sus compromisos históricos. El problema es la brecha entre lo que el Gobierno hace y lo que el Gobierno dice. Esa brecha no es inocente: es una decisión política que consiste en ejecutar una agenda de rearme sin obtener para ella el debate democrático que merece.
Los ciudadanos tienen derecho a saber que el país está gastando 33.000 millones de euros anuales en defensa, que ese gasto está comprometido a crecer, y que los soldados españoles están desplegados en zonas de alta tensión. Tienen derecho a que ese debate se dé en el Parlamento con la misma intensidad con la que se debaten los presupuestos sociales. El "no" de Sánchez a enviar tropas a combatir puede ser sincero o puede ser una línea roja de campaña electoral; en cualquier caso, resulta insuficiente como marco para una conversación nacional sobre dónde está y adónde va España en un orden mundial que se reconfigura a gran velocidad.
La geopolítica no entiende de relatos. Las alianzas crean obligaciones reales, los compromisos de gasto tienen consecuencias presupuestarias concretas, y los despliegues militares tienen riesgos humanos tangibles. Todo eso puede y debe defenderse públicamente, con argumentos. Lo que no puede sostenerse indefinidamente es la ficción de que España está al margen de algo en lo que lleva años participando.
El relato oficial seguirá siendo tranquilizador. La realidad geopolítica, menos.
