Los informes de fiscalización publicados en el BOE y en la web del Tribunal de Cuentas documentan, año tras año, las mismas carencias en la gestión económica de la Ciudad Autónoma: cuentas sobrevaloradas, plazas sin convocar, recomendaciones sin ejecutar. Este artículo reproduce únicamente lo que dicen esos documentos.
Nota metodológica: Todas las afirmaciones contenidas en este artículo están extraídas literalmente de documentos oficiales: informes del Tribunal de Cuentas publicados en su web (tcu.es), resoluciones de la Comisión Mixta del Congreso publicadas en el BOE, y acuerdos del Pleno del propio Tribunal. Las fuentes exactas figuran al pie de cada párrafo y al final del artículo. El lector puede verificar cada dato accediendo directamente a las fuentes indicadas.
El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador supremo de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público español. Sus informes no son opiniones: son documentos técnicos aprobados por su Pleno, publicados en el Boletín Oficial del Estado y remitidos a las Cortes Generales. Cuando el Tribunal formula una recomendación a una administración pública, lo hace porque ha detectado una irregularidad, una carencia o un riesgo en la gestión del dinero de los ciudadanos.
Los informes de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta muestran un patrón que los propios documentos describen con claridad: las recomendaciones se formulan, se publican y, en los ejercicios siguientes, se constata que no se han cumplido. El presente artículo se limita a reproducir ese patrón, citando los documentos que lo acreditan.
Cero de quince: el dato que lo resume todo
El dato más elocuente no lo aporta ningún medio de comunicación ni ningún partido político. Lo aporta el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la Cuenta General de Ceuta correspondiente al ejercicio 2021, publicado en su web oficial:
"La Ciudad no ha dado cumplimiento a ninguna de las 15 recomendaciones formuladas en el informe relativo a la Cuenta General de 2020, si bien, tres de las mismas están en curso de cumplimiento."
Fuente: Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de la Cuenta General de Ceuta, ejercicio 2021. Publicado en tcu.es.
Ninguna de las quince. No nueve, no cinco, no dos. Ninguna. Y ese mismo informe añade cuatro recomendaciones nuevas a las que siguen pendientes, acumulando así un total de dieciséis pendientes de cumplimiento. La institución encargada de controlar el gasto público de Ceuta ha formulado al menos tres generaciones consecutivas de recomendaciones sin que las anteriores se hayan ejecutado.
Las cuentas: 53 millones sobrevalorados en un solo ejercicio
El mismo informe de fiscalización del ejercicio 2021 señala, entre sus principales salvedades, lo siguiente:
"El resultado presupuestario estaba sobrevalorado en 33 millones de euros y el remanente de tesorería, que figuraba con un saldo positivo de 145 millones de euros, se encontraba sobrevalorado en 53 millones de euros como consecuencia, principalmente, de la falta de registro de las provisiones de deudores de dudoso cobro."
Fuente: Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de la Cuenta General de Ceuta, ejercicio 2021. Publicado en tcu.es.
Para que el lector entienda el alcance de esta salvedad: el remanente de tesorería es el indicador principal de la salud financiera de una administración. Es el número que se presenta ante los ciudadanos, ante los medios de comunicación y ante los organismos de control como prueba de que las cuentas son solventes. Según el Tribunal, ese número estaba inflado en 53 millones. Los presupuestos publicados y comunicados por la Ciudad Autónoma en ese ejercicio no reflejaban con exactitud la situación financiera real.
El Interventor General: 19 años sin convocatoria formal
El mismo informe de 2021 señala una irregularidad estructural en el control interno de la Ciudad:
"La plaza de Interventor General de la Ciudad no ha sido convocada desde 2015 y el puesto es desempeñado desde 2006 por un funcionario nombrado con carácter accidental. El Tribunal recomienda que se efectúe la oportuna convocatoria de la plaza de Interventor General, señalando que esta situación afecta a las condiciones que permiten un ejercicio adecuado e independiente de la función de control."
Fuente: Tribunal de Cuentas, Informe de fiscalización de la Cuenta General de Ceuta, ejercicio 2021. Publicado en tcu.es.
El Interventor General es el funcionario responsable de fiscalizar internamente todos los actos económicos de la administración. Es, en la práctica, el primer mecanismo de control del gasto público antes de que llegue ningún órgano externo. Según el Tribunal de Cuentas, ese puesto estuvo ocupado de forma accidental durante al menos quince años —desde 2006 hasta al menos 2021—, afectando según el propio Tribunal a las condiciones de independencia necesarias para ejercer dicha función.
El Congreso insta a actuar "de forma inmediata y sin mayor dilación"
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas son técnicas. Pero tienen consecuencias políticas cuando la Comisión Mixta del Congreso las asume. En su resolución publicada en el BOE el 9 de septiembre de 2021 (BOE-A-2021-14740), la Comisión Mixta acordó instar a la Ciudad Autónoma de Ceuta a:
"Poner en marcha de forma inmediata, y sin mayor dilación, a la vista de los resultados expuestos por el Tribunal de Cuentas en la práctica totalidad de los sucesivos informes de fiscalización de esta ciudad autónoma: elaborar manuales de procedimiento y normas de organización y funcionamiento especialmente en las áreas de Intervención y Contabilidad; confeccionar un Registro de Personal en el que consten todos los actos que afectan a la vida administrativa del personal de la Ciudad; proceder a que los gestores de la Administración cesen en la práctica financiera de aprobar modificaciones de crédito que no cuenten con la cobertura financiera necesaria."
Fuente: Resolución de 15 de junio de 2021 de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. BOE-A-2021-14740, de 9 de septiembre de 2021.
La expresión "en la práctica totalidad de los sucesivos informes" no es retórica. Significa que el Congreso constata, en 2021, que los problemas detectados no son nuevos ni aislados sino que vienen repitiéndose en múltiples fiscalizaciones anteriores. Y ordena actuar de forma inmediata y sin mayor dilación. Los informes posteriores sugieren que esa dilación continuó.
Lo que dicen los documentos y lo que no dice este artículo
Este artículo no afirma que haya habido corrupción, malversación ni conducta delictiva alguna por parte de ningún cargo o funcionario de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los informes del Tribunal de Cuentas tampoco lo hacen: su función es fiscalizadora, no penal. Lo que los documentos sí acreditan, con precisión y con fechas, es lo siguiente:
Primero: que las cuentas presentadas por la Ciudad Autónoma no reflejaron con exactitud la situación financiera real en los ejercicios fiscalizados, con sobrevaloracioes documentadas de decenas de millones de euros.
Segundo: que el órgano de control interno —la Intervención General— ha estado desempeñado de forma accidental durante al menos quince años, comprometiendo según el propio Tribunal su independencia funcional.
Tercero: que las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, asumidas por el Congreso de los Diputados e instadas de forma urgente, no fueron ejecutadas en los plazos y términos indicados.
Cuarto: que este patrón no corresponde a un ejercicio aislado sino que, en palabras de la propia Comisión Mixta del Congreso, afecta a "la práctica totalidad de los sucesivos informes de fiscalización" de la Ciudad.
Los ciudadanos de Ceuta tienen derecho a conocer el contenido de estos documentos. Son públicos, están publicados en el BOE y en la web del Tribunal de Cuentas, y han sido producidos con sus impuestos. Lo que hagan con esa información es, como siempre, una decisión que les corresponde a ellos.
