Cuando vamos a comenzar la novena semana del Estado de Alarma decretado como consecuencia de la crisis del Covid-19 constatamos que el Gobierno social-comunista carece de un plan alternativo para salir de una situación en la que se encuentra muy cómodo. Pues no podemos obviar como han aprovechado esta pandemia para avanzar en su programa contra la libertad individual, la propiedad privada y el estado de derecho, acercándonos al bolivarianismo chavista por todos conocido en otras latitudes.
Lo que es un “chollo” para el Gobierno social-comunista, no lo es tanto para una ciudadanía que observa aterrada como a fecha de hoy tenemos un millón más de parados, otro millón de autónomos que ha cesado su actividad y cuatro millones de trabajadores acogidos a ERTE, que han estado desde finales de marzo sin cobrar, y todavía un tercio de ellos no van a percibir retribución alguna. En estos momentos las cuentas públicas sostienen a 21 millones de españoles, frente a los 14 millones que están plenamente activos.
Cuando la improvisación ha sido la nota predominante en una gestión que nos ha situado en la primera posición mundial porcentual en fallecimientos, ¿qué podemos esperar de un plan de desconfinamiento para alcanzar lo que ellos denominan “nueva normalidad”? Por cierto, una expresión del ámbito de la economía y las finanzas acuñada para describir las nuevas condiciones financieras tras la crisis de 2008 y las secuelas de la Gran Recesión protagonizada por el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quizás nos encontramos ante una premonición?
Les planteó dos preguntas: ¿De dónde va a sacar el Gobierno tanto dinero con un presupuesto que destina casi 8 de cada 10 euros a pensiones, prestaciones por desempleo, sueldo de los funcionarios e intereses de la deuda? ¿O es la “nueva normalidad” la que hace que repita su actuación del 2010 al votar el mayor rescate del Estado del Bienestar de la historia democrática de España? Sin ninguna duda el mayor recorte que ha sufrido este país en su historia democrática en todos los servicios sociales, aunque la izquierda lo niegue.
En definitiva, España no puede seguir viviendo en la excepcionalidad democrática cuando nuestro marco jurídico permite mantener el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad. Y, por supuesto, necesitamos con urgencia finiquitar, con las mayores medidas de protección, un estado de confinamiento que no solo nos ha llevado a las peores cifras sanitarias en tanto por ciento del planeta, sino también socioeconómicas de nuestra historia democrática. Los españoles necesitamos superar con fiabilidad una situación totalmente insostenible tanto por la pérdida de libertades individuales como por las pérdidas económicas.
