Opinión

Cuando hay que ser políticamente incorrecto

Durante años apelar a la corrección en el lenguaje político era una especie de dogma para aquellos que querían participar del juego político diseñado a partir de la constitución de 1978. Cierto es que dado los antecedentes históricos de las relaciones políticas que habían precedido al texto constitucional, se imponía cierto grado de moderación y equilibrio a la hora de manifestar una u otra opinión de índole político, al objeto de intentar rebajar el tono en la discrepancia política e ideológica, apelando a una palabra que por aquellos entonces empezó a sonar como lo fue la palabra “consenso”.

Juan Redondo
photo_camera Juan Redondo

Mucho ha llovido desde entonces y demasiadas las cosas que han y están pasando y quizá hoy, apelar al uso de la corrección política sea un arma de doble filo, pues está corrección carece de sentido cuando se le es exigida a aquellos que quieren participar del debate político, precisamente por aquellos que, desde hace mucho tiempo, carecen de ella, dejando al adversario político sin capacidad para poder enfrentarse en defensa de sus ideas.

Y ese es el caso de algunos grupos políticos que están representados en la Asamblea, quienes exigiendo el comportamiento medido y apelando a una forma de democracia que solo ellos entienden, intentan anular veladamente la defensa que todo gobernante debe hacer del respeto al orden y la ley. Con lo que hoy en aras de la defensa de unos intereses que nos conciernen a todos los ceutíes, me he propuesto ser, una vez más, políticamente incorrecto.

En este sentido debo decir qué es curioso comprobar como algunos de los grupos políticos referidos, muestran su insistencia a la hora de pedir infraestructuras para la zona comúnmente conocida como “Arcos Quebrados”, partiendo de la base de que la mayoría de las edificaciones presentes en esa zona, al igual que ocurre en otras muchas partes del Príncipe, se encuentran ubicadas en terrenos de los que no son propietarios, la mayoría de ellos pertenecientes a entes públicos de carácter local o estatal. Mucho me da a mí que ésas exigencias, lo único que buscan es legalizar lo sustraído indebidamente por la vía de los hechos consumados, cuando lo que deberían hacer los representantes electos de estos grupos, es exigir la restitución de la propiedad pública y por supuesto el cumplimiento estricto de ley, ya que alentando y respaldando este tipo de actuaciones, lo único que consiguen es provocar situaciones como las últimas vividas en Huerta Téllez donde algunos han querido hacer de su capa un sayo, saltándose y atropellando todo tipo de derechos y leyes, creyéndose en la más absoluta de las impunidades.

De igual modo hace unos días, también sonaron las primeras alarmas de lo que puede ocurrir si se sigue por este sendero. El "escrache", palabra acuñada y puesta de moda por partidos como Podemos o la CUP hace un par de años y que es solo el burdo ejercicio de la violencia a través de la amenaza y el hostigamiento, ha sido dirigido está vez contra el Presidente de la Ciudad y aún habiéndose querido minimizar el tema, nos muestra que con los últimos acontecimientos ya se han traspasado todas las líneas rojas, quedando claro que una vez traspasadas y quebrado el principio de autoridad política, todo es posible, basta comprobar lo que está ocurriendo en Cataluña.

Es más que seguro que esta experiencia vivida por el señor Vivas le hará comprender que las concesiones hechas por su gobierno durante todos estos años, ahora se están volviendo en su contra y es que cuando el único objetivo del político es ganar unas elecciones, cediendo en todo como así ha sido en estos años y no actuar en aras del buen gobierno, pues ocurren estas cosas. Primero que le falten al respeto en la propia cámara llamándole de todo por algún que otro miembro de la oposición, después en la propia calle, para más adelante faltárnoslo a todos los ceutíes, creando una sensación de vacío de poder y por ende de ausencia de autoridad.

No cabe la menor duda que cuanto mayor sea la impunidad y menor la contundencia en aplicar las leyes, mayor será el desacato de esos grupos organizados de individuos de los que directa o indirectamente tanto rédito político sacan algunos partidos políticos para asegurarse su representación en la asamblea. El control absoluto de los empadronamientos, el derribo inmediato de las construcciones ilegales que se encuentren en terrenos públicos, o el fin de las formas políticas basadas en la concesión precedida del chantaje, sería un buen comienzo, aquí y ahora tiene que quedar muy claro que la ley se aplica con todas sus consecuencias, eso debe ser incuestionable, pues sin ella, no hay orden ni concierto y todo se convierte en caos e injusticia.

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