Que una administración cuente con unos presupuestos es crucial para la gobernabilidad, pero hay gobiernos que no están dispuestos a asumir cualquier precio para que dichos presupuestos salgan adelante. Dos casos contrapuestos ilustran esta realidad: el acuerdo entre Mazón y VOX en la Comunidad Valenciana, conocido como el "pacto de la vergüenza", y el acuerdo en Ceuta entre el PP y el PSOE.
La política, ese universo donde lo inverosímil se convierte en posible, a menudo crea extraños compañeros de cama. El anuncio del pacto entre Carlos Mazón y Santiago Abascal generó sorpresa y estupefacción. El presidente de la Comunidad Valenciana asumió parte de los postulados de VOX al anunciar un principio de acuerdo presupuestario con Abascal. Este pacto, calificado por el Gobierno Central como "de la vergüenza", permitió a Mazón blindar su posición al frente de la Generalitat bajo la excusa de "tener unos presupuestos".
El acuerdo incluye 19 puntos que VOX marcó como líneas rojas para aprobar los presupuestos. Entre ellos, destacan medidas como la creación de partidas para retornar inmigrantes ilegales a sus países de origen y determinar su edad biológica, así como la eliminación de subvenciones a ONG que trabajan con migrantes en situación irregular. Además, se contempla una reducción del 40% en la ayuda al desarrollo, restando 22,5 millones de euros, la eliminación de subvenciones a entidades propalestinas y recortes al presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua. Mazón, en su declaración institucional, apenas mencionó algunas cuestiones climáticas y de inmigración irregular, dejando en el aire el resto de las exigencias de VOX. Mazón ha cedido a los postulados de la formación ultraderechista para obtener el visto bueno para los presupuestos y tiempo extra para seguir aforado, siendo el 'Molt Honorable President de la Generalitat'.
En contraste, el Gobierno de Juan Vivas -que ha dejado claro en más de una ocasión que negociación sí, pero no cualquier precio- mostró una visión más elevada, apelando al sentido de Estado. La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani negoció las partidas presupuestarias con la oposición, logrando el respaldo del Partido Socialista. Este acuerdo incluyó demandas del PSOE, especialmente orientadas a mejoras en las barriadas. Según el portavoz socialista Sebastián Guerrero: "Los socialistas no anteponemos nuestros intereses al bien de los ciudadanos. Nosotros no creemos en el bloqueo como táctica política. No compartimos eso de cuanto peor para el Gobierno mejor para nosotros".
Chandiramani agradeció el apoyo de "todos los que creen que desde el consenso, el acuerdo, las buenas formas, la cortesía parlamentaria, la educación y el respeto se puede mejorar el futuro" de las nuevas generaciones. Este pacto refleja una política pragmática y menos polarizadora, en claro contraste con el acuerdo entre Mazón y Abascal.
La diferencia entre ambos acuerdos es significativa y pone de manifiesto dos formas opuestas de entender la política y la gobernabilidad. Mientras uno profundiza divisiones y denota una excusa para ‘aferrarse’ a un sillón, el otro apuesta por el consenso y el bienestar ciudadano.
