La Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía (APDHA) ha denunciado el uso de vetos a migrantes de determinadas nacionalidades para el acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Esta es una de las denuncias incluidas en el informe «CIEs: espacios sin derechos para migrantes», presentado este miércoles en Sevilla.
Los activistas señalan en su informe que estos vetos se han sucedido a lo largo de toda la historia del CETI y han afectado, por ejemplo, «hasta hace muy poco» a los migrantes marroquíes. «El acceso a este centro no está definido por unos criterios concretos, sino que está supeditado a la voluntad política del Gobierno central, por lo que, a lo largo de estos años, se ha podido observar cómo se le ha negado sistemáticamente el acceso a este recurso por razón de nacionalidad a ciertas personas, como es el caso de las marroquíes», señala APDHA en su documento.
La Asociación subraya que no existe fundamento legal para practicar este tipo de discriminación, una conducta que califica de «norma no escrita pero flagrante». «Esto, unido a la falta de recursos de acogida digna en la ciudad, hace que numerosas personas se encuentren en situación de calle, expuestas a las duras condiciones del invierno y del verano y a una mayor vulnerabilidad», se puede leer en el informe.
Además, el documento considera que el CETI, en su condición de recurso de primera acogida y de estancia temporal, no garantiza las necesidades de los residentes. «Más bien se trata de un engranaje más en el espacio de frontera que constituye la ciudad autónoma para las personas en movimiento, un espacio en el que también se vulneran derechos y en el que aún queda por recorrer un largo camino hasta lograr una acogida digna en todas las esfera», sostiene el informe.
Centros de internamiento de extranjeros
El informe presentado hoy por los activistas de la APDHA centra sus críticas, sin embargo, sobre los centros de internamiento de extranjeros distribuidos en distintos puntos del país. «Los CIEs son a día de hoy una medida ineficaz, en tanto que no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular», ha denunciado durante el acto de presentación del documento el coordinador general de APDHA, Diego Boza.
Según ha explicado el activista, más del 50% de las 83.133 personas que fueron retenidas forzosamente en los CIEs desde 2011 no fueron deportadas. Para Boza, ello demuestra que estos centros están concebidos para «intimidar» a los migrantes y promover «un mensaje de criminalización segregadora» entre la opinión pública.
El informe incorpora además un análisis ampliado del «Balance Migratorio 2023» presentado el pasado mes de febrero. Un total de 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar a territorio español.
Según explica APDHA, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. «Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988», detalla la Asociación.
