El Ministerio de Igualdad de España transfirió en 2022 un presupuesto para la implementación de programas de formación especializada en la prevención y detección de la explotación sexual y la trata en los centros de menores. Sin embargo, varias regiones, incluyendo Ceuta, Melilla Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia, no ejecutaron este presupuesto.
En una respuesta parlamentaria al Partido Popular, el Gobierno detalló que los criterios de distribución territorial y las cantidades resultantes de las transferencias a las comunidades autónomas para el año 2022 se acordaron en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 27 de mayo de 2022. El crédito total para la formación especializada en la prevención y detección de la explotación sexual en menores fue de 800.000 euros.
Para el 31 de marzo de 2023, las comunidades autónomas debían informar al Ministerio de Igualdad sobre la ejecución del presupuesto. Según la información recibida, solo nueve comunidades o ciudades autónomas habían ejecutado parte o la totalidad del crédito transferido, representando el 52,94% del total. Del total de 800.000 euros transferidos, se había ejecutado el 45,58%, es decir, 364.609,54 euros.
Galicia y Andalucía fueron las comunidades que más ejecutaron, con Galicia utilizando la totalidad de su presupuesto de 43.848,27 euros y Andalucía alcanzando el 99% de ejecución, hasta los 133.445,00 euros. Otras comunidades con altos porcentajes de ejecución presupuestaria fueron Castilla y León (88,47%), Comunidad Valenciana (86,48%), Cantabria (65,5%), Asturias (56,22%), Comunidad de Madrid (53,01%) y La Rioja (41,83%).
De las comunidades que ejecutaron el crédito, siete llevaron a cabo un proyecto de formación, representando el 77,78% del total de las medidas de implementación. Se llevaron a cabo un total de 40 actividades de formación en estas comunidades.
El Gobierno subrayó la necesidad de una respuesta interinstitucional coordinada y homogénea para la detección, protección y atención integral a las víctimas menores de edad de violencias sexuales. Esta respuesta debe conectar a todos los niveles de la Administración Pública con competencias en la materia y asegurar la detección y la intervención especializada para poner fin a la violencia y recuperar integralmente a las víctimas.
