La Administración de Justicia reanuda hoy, jueves 7 de septiembre, oficialmente su actividad con la apertura del Año Judicial 2023-2024, y lo hace con los mismos problemas que arrastra desde hace años, agravados durante el último ejercicio: personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos.
Los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales.
CSIF recuerda que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la plantilla) sigue vigente. El próximo Gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante, y que está pendiente desde la pasada legislatura. T
odo esto se agrava además por el hecho de que el Ejecutivo está en funciones, y porque el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos.
En este sentido, CSIF reclama un pacto real por la Justicia, con la participación de los/as profesionales de este ámbito, que blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político. Este pacto de Estado debería servir para dotar a la justicia de medios suficientes y estables y garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía.
