La fotografía del poder sindical en la Ciudad Autónoma quedó fijada el pasado jueves. Ese día, más de 1.300 empleados públicos municipales estaban convocados a las urnas para elegir a sus representantes. Tras el escrutinio, el equilibrio de fuerzas no sufrió cambios notables en términos de nichos de voto. Sin embargo, y pese a ganar las elecciones en número de votos, CCOO ha sido la organización más perjudicada por los resultados. La mayoría absoluta que CCOO había mantenido durante los últimos cuatro años en el Comité de Empresa se fue al traste con la pérdida de un delegado.
Los tres sindicatos con representación entre los trabajadores municipales –CCOO, UGT y CSIF- salen de estas elecciones tal y como habían llegado a ellas: enfrascados en una disputa que bien podría calificarse de guerra.
Si hubiera que rastrear una fecha fundacional de esta guerra sindical, una de las elegidas podría ser la del pasado 7 de marzo. Curiosamente, la jornada en la que se escenificó la ruptura entre los sindicatos fue aquella en la que todos ellos firmaron un mismo acuerdo.
Aquel día, los representantes de UGT, CCOO y CSIF suscribían con el Gobierno de la Ciudad un acuerdo para avanzar en la adopción de medidas orientadas a mejorar la protección de los empleados municipales. Hacía apenas 20 días que UGT y CSIF habían evidenciado una alianza tácita fundada en la crítica a la política de personal de la Ciudad, denunciada en una rueda de prensa conjunta. Aquella «coalición» encontró rápidamente la respuesta de CCOO, que, en otra conferencia de prensa, calificó la convergencia entre las dos organizaciones de «unión temporal de sindicatos» movida por «un interés político». CCOO acusó a UGT y CSIF de lanzar bulos que afectaban a su reputación como sindicato.
En este ambiente, los sindicalistas de las tres organizaciones se sentaban a firmar el acuerdo con la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani. La guerra había estallado, lo que se dejaba traslucir incluso en los detalles más banales. Por ejemplo, en cómo se comunicó la firma del pacto con el Gobierno a los medios de comunicación.
Eliminado de la foto
CSIF y UGT presentaron el alcanzado con el Gobierno como un acuerdo exclusivo de ambos sindicatos con la Consejería al que bautizaron como «Acuerdo de necesidades históricas y organización de la Administración Local». Una de las dos fotografías que ambos sindicatos adjuntaron al comunicado difundido a la prensa mostraba a los representantes de las dos secciones sindicales –Antonio Ramírez, por UGT, e Iván Ramos, por CSIF- junto a la consejera Chandiramani tras la firma. La imagen obviaba un detalle: el portavoz de CCOO en la Ciudad, José Antonio López, también había estado allí posando para la instantánea. Pero no aparecía. En la segunda fotografía, tampoco había ni rastro de sindicalistas de CCOO.
Por su lado, la nota de prensa de CCOO atribuía el logro del acuerdo a una propuesta presentada por sus cuadros que, según sostenía el sindicato, mejoraba la previamente esgrimida por UGT y CSIF.
La proximidad de las elecciones sindicales no hizo sino elevar el tono del enfrentamiento. Una disputa a varias bandas en la que también resultó implicado el Gobierno de la Ciudad.
Una campaña electoral agitada
La representación de los trabajadores de la Ciudad negocia desde hace meses algunas de las demandas que se han convertido en el eje de la tabla reivindicativa de las organizaciones sindicales: relación de puestos de trabajo, negociación del acuerdo regulador-convenio de la Ciudad, la implementación de un denominado «plus de pantalla» por el manejo de terminales, la recuperación de los planes de pensiones y los premios a la jubilación del personal municipal y el impulso de las convocatorias pendientes, entre otras.
UGT era el sindicato encargado de poner sobre la mesa una de las disputas que inauguraba la etapa pre-electoral. Los ugetistas acusaron al Gobierno municipal de «injerencia» en las elecciones por oponerse a incluir a los trabajadores del Plan de Empleo en el censo del personal laboral de la Ciudad. Esta petición fue, precisamente, el fundamento de la acusación que, inmediatamente después, lanzaría CCOO contra UGT y CSIF. A juicio de CCOO, lo que se pretendía con esta modificación del censo no era otra cosa que «adulterar» las elecciones. «No vamos a pasar una», advertía esta misma semana el sindicato.
La inclusión en los Presupuestos de la Ciudad para 2024 de una previsión de incremento salarial para los miembros del Gobierno de la Ciudad y otros cargos públicos agitó la campaña electoral. CCOO, por un lado, y UGT y CSIF, por otro, censuraron la medida con contundencia. CSIF fue, sin embargo, el sindicato que consiguió la fotografía con la que los medios ilustrarían este desencuentros entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno. Sindicalistas de CSIF se presentaron en el pleno de la Asamblea con carteles en los que acusaban al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de subirse el sueldo mientras olvidaba las necesidades de los empleados públicos.
Esta protesta abrió la puerta a la irrupción en el debate del director general de Recursos Humanos, Emilio Carreira, quien acusó a CSIF de ocultar por interés los avances que en la mesa de negociación con la Ciudad estaban alcanzando las reivindicaciones de los trabajadores.
Una nueva etapa
Los resultados de las elecciones han introducido un cambio significativo que afectará a la composición del Comité de Empresa. A pesar de haber sido la fuerza sindical más votada y de reunir al mayor número de delegados, CCOO ha perdido la mayoría absoluta en el órgano de representación del personal laboral de la Ciudad. La puerta para un vuelco está en manos de UGT y CSIF, que ya han dado muestras de entenderse con facilidad en los últimos meses.
Comienza una nueva etapa. Y nada invita a pensar que vaya a ser menos convulsa que la anterior.
