Los socialistas aseguran que, durante la etapa de gobierno del Partido Popular, “la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro”. En concreto, apuntan que “los salarios del 40 por ciento de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal, afectando principalmente a los más jóvenes, los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad a los que han caído un 5,5 por ciento en términos reales”.
Desde el GPS denuncian que esta evolución salarial ha derivado en un “importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía”.
En esta situación, los socialistas advierten que “este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años”.
Ante la situación, el GPS propone al Pleno de la Asamblea, que inste al Gobierno de España, entre otras cuestiones, a favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre patronal y indicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021). Consensuar con los sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.
Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores. Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas. Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales.
