Hay un aire nuevo en el salón de plenos, lo cual no significa que se respire una atmósfera mas limpia. El espíritu sombrío del caso Emvicesa sobrevuela las cabezas de los diputados. Los plenos de esta semana han bastado para constatarlo.
Meditabundos y, en ocasiones, irritables se han mostrado los diputados de Caballas. Empeñados en la defensa de su diputado Mohamed Alí, investigado en la causa, los parlamentarios de la coalición se han visto, seguramente sin desearlo, en la misma trinchera que sus adversarios del PP.
La inocencia de Alí es una presunción que, al igual que ocurre con cualquier otro ciudadanos, ha de mantenerse incólume hasta que la autoridad judicial establezca lo contrario. Que sus compañeros de grupo le asistan y pugnen por su honestidad no es sólo su derecho sino también su obligación.
La objeción habría que plantearla en términos de coherencia. Porque, de no haberse producido la detención de Alí, ¿cuál habría sido el discurso de Caballas sobre la responsabilidad del PP en el caso de las irregularidades investigadas por la juez en la adjudicación de viviendas públicas? Si las únicas diputadas arrestadas hubiesen sido las exconsejeras Rabea Mohamed y Susana Román, ¿los diputados de Caballas habrían reclamado para las populares el mismo trato exquisito que ahora exige para Alí? No es una cuestión de prejuicio sino uno demanda de congruencia.
La otra consecuencia del caso Emvicesa afecta a la ocupación del espacio físico que han de compartir los parlamentarios. La designación de Kissy Chandiramani y Javier Celaya como nuevos consejeros no electos eleva a 27 el número de miembros del plenario. No votarán, pero su mera presencia servirá para animar el debate sobre el estatus jurídico de la Ciudad.
