Los españoles demandamos de nuestros políticos en las urnas, hasta en dos ocasiones diferentes, alcanzar acuerdos en cuantas medidas pudieran incidir en el bienestar de los ciudadanos sin vetos, sin líneas rojas. Las circunstancias parlamentarias actuales nos sitúan ante uno de los mayores retos de nuestra historia democrática. Sin duda, es el momento de alcanzar grandes pactos de Estado en aquellas materias consideradas prioritarias en la consolidación de nuestro Estado del Bienestar.
El primero de ellos ha consistido en alcanzar el mayor consenso posible en la búsqueda de un Pacto de Estado por la Educación. Un gran acuerdo en el que participan las formaciones constitucionalistas y la comunidad educativa, para que entre todos demuestren, que más allá de lo que les separa, comparten un objetivo fundamental. Un acuerdo que deberá dotar definitivamente al sistema educativo de la estabilidad necesaria para centrarse en la adquisición de competencias y la mejora de resultados, y al que todos puedan acceder en igualdad de condiciones.
Así lo han entendido las tres grandes formaciones constitucionalistas del Congreso, quienes no han dudado ni por un solo instante, que la mejor manera de asegurar un futuro brillante para nuestro país consiste en trabajar por una educación de calidad excelente. Por ello, han creado una Subcomisión por el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, cuya primera resolución ha sido suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de etapa, mientras no entre en vigor una nueva normativa con vocación de estabilidad que sustituya a la Ley actualmente vigente.
Por el interés general, por el bienestar de todos los españoles sin exclusión de ningún tipo, nuestros dirigentes políticos tienen la obligación de ser plenamente conscientes, que apropiarse inmerecidamente del protagonismo, en cualquier negociación, podría poner en serio riesgo los acuerdos alcanzados hasta el momento. Sin ninguna duda, es el momento para políticos responsables, para políticos coherentes y leales con las reivindicaciones ciudadanas. El futuro del país depende de la responsabilidad, coherencia y lealtad de nuestros dirigentes políticos.
