La declaración de Rabea Mohamed, en la sesión de la Audiencia en el Caso Emvicesa, ha sido la más corta de la de los políticos implicados, entre otras cosas porque ha optado por contestar tan solo a las preguntas de su abogado, el letrado Javier Izquierdo. Unas preguntas con las que Izquierdo ha tratado de desmontar los argumentos de los funcionarios de Asuntos Sociales que aseguraron desconocer si los listados que entregaban a la consejera de familias en situación de vulnerabilidad tenían como destinataria la adjudicación de EMVICESA o no y a los que, este jueves, ha contestado la que fuera consejera de Asuntos Sociales y, posteriormente, de Educación y Cultura, señalando que “han quedado retratados”.
Así, Rabea Mohamed ha asegurado que sí que se remitieron listados de personas de los programas de ayudas al alquiler y alojamiento alternativo a EMVICESA, al igual que el correspondiente listado de víctimas de violencia de género, pues a su Consejería pertenecía también el Centro Asesor de la Mujer. Unos listados, ha asegurado, que ella misma pedía a los funcionarios y de los que ha constancia documental en al menos un correo, el que le envía precisamente a una de las trabajadoras sociales que ha testificado en el juicio y en el que se recoge la propuesta de los técnicos de la Consejería que se remite a EMVICESA. Junto a esa propuesta, ha recordado la exconsejera, remitió otro correo al gerente de le empresa pública de vivienda relativo a la situación de varias familias de Puente Quemadero que no habían sido recogidas por el arquitecto municipal en su listado. Unas familias que, ha subrayado, “no fueron adjudicatarias en las 170 ni salieron en la lista fantasma” pero que, sin embargo, ha recordado, si fueron adjudicatarias en el procedimiento que se ha dado en llamar de las “317 buenas”.
Respecto a los motivos por los que esos listados se enviaron a EMVICESA, Mohamed ha señalado que “porque era a la que se había encomendado la selección de los adjudicatarios”, sin entrar en más detalles sobre una cuestión en la que, a lo largo de las últimas horas han insistido también Susana Román y Mohamed Alí, la de que la Comisión Local de la Vivienda no era la encargada de adjudicar.
Varios parientes adjudicatarios
Pero la cuestión verdaderamente espinosa para Mohamed no es otra que la existencia de varios parientes suyos entre los adjudicatarios de las 170 viviendas. De un lado su excuñada, que en el momento de los hechos vivía con su hermano, y de otro unos tíos suyos. Rabea Mohamed ha negado haber presionado nunca para que parientes suyos entraran en la promoción de viviendas y ha asegurado que en ambos casos eran demandantes de vivienda y cumplían todos los requisitos, contando su excuñada, además, con una orden de desahucio.
“Ni idea” de la normativa
La exconsejera de Asuntos Sociales ha asegurado, además, que no tenía “ni idea” de la normativa de la Comisión Local de la Vivienda y ha afirmado que “eso corresponde a los técnicos y los jurídicos”, subrayando, además, que su presencia en dicha Comisión era obligada, pues el consejero de Asuntos Sociales debía formar parte de la misma para dar información de su Consejería y los cupos que debían ser tenidos en cuenta.
Igualmente, ha señalado, ni la secretaria ni ningún jurídico le advirtió en ningún momento de que estuvieran haciendo algo que no se ajustara a derecho.
Un nuevo palo a la instrucción
Una de las cosas que parece haber quedado clara durante las últimas semanas de juicio es que la instrucción no terminó de ajustarse a los cánones establecidos. Así lo ha vuelto a hacer notar la que fuera consejera de Asuntos Sociales quien ha recordado que durante su declaración no estuvo presente en secretario judicial y que, además, la misma aparece duplicada, una vez firmada y otra sin firmar, algo que no entiende por qué sucedió.
Precisamente amparándose en que la declaración ante la juez de instrucción no se produjo con todas las garantías, el abogado defensor ha tratado de evitar que el fiscal procediera a la lectura de lo que consideraba contradicciones entre las declaraciones de la testigo, un objetivo que no ha conseguido.
Un intento de encontrar fisuras por parte del fiscal que se ha centrado en algunos de los clásicos de las últimas 24 horas, desde el acta no aprobada de la Comisión Local de la Vivienda de febrero de 2013 a quién baremaba a los adjudicatarios. Cuestiones todas a las que no ha obtenido respuesta, dándose por finalizada la sesión de este jueves y emplazándose a una nueva para el 11 de diciembre a las 10.30 de la mañana.
