Economía/Empresa

Los suministros se hacen por una plataforma centralizada

C´s insta a Hacienda a buscar fórmulas para que los empresarios locales puedan suministrar a la AGE

Javier Varga, de Ciudadanos, durante la rueda de prensa (C.A.)
photo_cameraJavier Varga, de Ciudadanos, durante la rueda de prensa (C.A.)

Ciudadanos ha presentado una propuesta que ha elevado al Pleno por la que  adviertee al Ministerio de Hacienda de las consecuencias negativas que para el comercio ceutí tiene la compra de material de oficina “no inventariable” por parte de la Administración General del Estado a través de una plataforma centralizada.

Javier Varga, diputado de Ciudadanos, ha explicado que la obligación impuesta por el Ministerio de Hacienda, que obliga a los organismos estatales en la ciudad a realizar a la compra de bienes y servicios de manera centralizada, está haciendo mucho daño al comercio local, que queda constatado, según ha explicado, “con el cierre de empresas de varias papelerías e imprentas”.

Según el diputado de la formación naranja desde hace varias décadas, el Ministerio de Hacienda determina una serie de bienes y servicios que han de ser objeto de adquisición centralizada.  Las razones para poner en marcha este sistema fueron para normalizar el uso de determinados bienes de utilización común y obtener ventajas económicas en el gasto público.

Hoy en día, según Varga, tanto el papel de reprografía como el material de oficina no inventariable son objetos de compra centralizada por todos los organismo de la Administración Central, lo que desemboca en unas graves consecuencias en la economía local, que en estos momentos “no atraviesa por su mejor momento”.

Nada más en la compra de papel y material de oficina no inventariable, esto es bolígrafos, grapas, cuadernos, lapiceros y carpetas, entre otros, supone privar a “nuestro comercio de un volumen de negocio por encima del medio millón de euros”.

Ciudadanos pone especial énfasis en el agravio comparativo existente que se está produciendo por parte de la Administración del Estado entre la empresa local y los suministradores nacionales, razonando que “nuestras empresas no pueden vender en la península mientras que las empresas del resto del país si pueden hacerlo aquí.

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