Economía/Empresa

DESTRUCCIóN DE 120 PUESTOS DE TRABAJO

Los constructores exigen la supresión del límite de 500 euros a partir del cual todo gasto ha de ser licitado

Obras en la calle Juan de Juanes/ A.S./ARCHIVO
photo_cameraObras en la calle Juan de Juanes/ A.S./ARCHIVO

Los empresarios, apoyados en su reivindicación por colegas de otros sectores, advierten de que la aplicación de esa medida ha causado en el último año la destrucción de 120 empleos. La Asociación de la Construcción de Ceuta exige que se ejecute el acuerdo del pleno de la Asamblea que el pasado 20 de febrero aprobó la supresión de esta limitación.

Los empresarios del sector de la construcción amenazan con organizar actos de protesta en la calle si el Gobierno de la Ciudad no elimina el límite de 500 euros a partir del cual resulta obligatorio licitar cualquier gasto de la administración. La Asociación de la Construcción de Ceuta, reunida ayer en asamblea general, ha emitido un comunicado por el que reclama al equipo de gobierno que aplique el acuerdo adoptado por el pleno de la Asamblea el pasado 20 de febrero por el que se suprimía dicho límite. La asociación advierte de que si en las próximas semanas no se ha ejecutado dicho acuerdo, los empresarios y trabajadores de los sectores afectados serán convocados a una concentración en la calle para defender sus intereses.

Los dirigentes de la asociación denuncian los perjuicios que la aplicación del límite de los 500 euros ha causado a los empresarios ceutíes y, en particular, a los dedicados al sector de la construcción. “En el último año se han destruido más de 120 puestos de trabajo, y vemos perplejos cómo empresas procedentes de la Península han licitado contratos ofertando hasta un 50% menos del precio propuesto por el equipo técnico de la propia administración”, se quejan los empresarios en su nota.

Los constructores han resuelto constituir una comisión, en la que también participarán empresarios afectados de otros sectores, cuya encomienda será la de tramitar ante la Ciudad una petición de entrevista con el presidente Juan Vivas y determinar si el Gobierno está sometido a la obligación jurídica de ejecutar el acuerdo plenario del 20 de febrero.

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