Hace ya algunas fechas, el Gobierno realizó una propuesta al Ministerio de Hacienda para realizar una rebaja lineal del 10 por ciento en el IPSI con el objetivo de aliviar la situación del comercio local. Esta propuesta ha sido contestada por los representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, que proponen que las mayores bajadas del IPSI se produzcan en los productos que más están gravados en el país vecino.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, lo ha asegurado este viernes en su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno. En estos momentos, el Ejecutivo está valorando el coste total de la medida y preparando la memoria que se habrá de remitir al Ministerio de Hacienda, tal y como se comprometió el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
La idea que persigue el Gobierno es que la propuesta está lista para el mes de febrero, en el que se podría convocar un pleno extraordinario para su aprobación.
Chandiramani también ha anunciado que su departamento ya ha realizado un estudio para la rebaja del IPSI en los servicios, que pasará del 9 al 6 por ciento, lo que conllevaría un gasto de 220.000 euros. Esta propuesta también se pretende que sea debatida en el pleno de febrero, junto a la rebaja del gasóleo para las embarcaciones de recreo, que quedará fijada en el 0,5 por ciento.
También ha anunciado que llevará al próximo pleno la aprobación definitiva de la modificación del IPSI realizada en noviembre del pasado año después de que se hayan resuelto las dos alegaciones presentadas. Una de la Confederación de Empresarios y otra presentada por el Grupo Parlamentario de MDyC. Con esta aprobación definitiva se dota de seguridad jurídica a los técnicos tributarios en cuanto a la valoración de las mercancías que entran “en nuestra ciudad” y así luchar contra el fraude fiscal. Si todo se desarrolla con normalidad, estas medidas entrarán en vigor en este mismo mes.
Además de ello también se modifican los códigos de mercancías. También en este mes se va dejar sin efecto el conocido “tasazo” que el Gobierno quería imponer a los comerciantes de la zona de El Tarajal y las zonas aledañas, que “tanto revuelo causó”.
Por último, Chandiramani ha recordado que el pasado 29 de diciembre se publicó una resolución de Hacienda que tiene que ver con la certificación global de representantes aduaneros y la formulación de despachos a la importación Estos representantes, en los que se ha incluido a los transitarios, disponen de una serie de facilidades a la hora de realizar el despacho de importación de bienes. Presentan un aval bancario y liquidan el impuesto a los 90 días. A partir de ahora, ha explicado la consejera, se va a solicitar una garantía adicional a estas empresas en lo relativo a la “prendería y que tiene que ver con el comercio ficticio contra el que queremos luchar”.
En el supuesto en el que la empresa aduanera o transitaria no cumpla con la garantía adicional, “se le retiraría la certificación que tiene ante Servicios Tributarios”.
