Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado devolver al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las actuaciones seguidas a propósito de la nulidad del nombramiento del puesto de secretario general de la Dirección Provincial de Educación.
La sentencia del Supremo es consecuencia de un recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que el año pasado declaró nulo el nombramiento de Antonio Javier Ramírez Fernández, docente de profesión, como secretario general de la Dirección Provincial.
El Supremo acuerda que el TSJA ha de pronunciarse sobre cuestiones planteadas por la demanda sobre las que no resolvió. Una de estas cuestiones se refería a la presunta irregularidad en la participación de funcionarios docentes en concursos de cuerpos no docentes.
Este argumento esgrimido por el demandante, el funcionario y exdiputado a la Asamblea Javier Varga, ha sido también defendido públicamente por el sindicato UGT, cuya asesoría jurídica mantiene que el puesto de secretario general de la Dirección Provincial ha de sacarse a concurso entre técnicos de la Administración General del Estado.
En el trasfondo de esta controversia se encuentra la práctica, largo tiempo cultivada por el Ministerio de Educación, de designar a profesionales docentes para el puesto de secretario general de la Dirección Provincial. UGT ha sostenido que la designación de funcionarios docentes para cubrir el puesto ha sido utilizada para hacer primar los intereses políticos sobre los profesionales.
La sentencia del TSJA, aunque declaró nulo el nombramiento de Ramírez, no se pronunció sobre este extremo, lo que ha permitido que la Dirección Provincial haya seguido recurriendo a los docentes para cubrir el puesto. Desde la sentencia del TSJA han ocupado el cargo de secretario general Carlos Ortega Mora, Lidia Rosales Fernández y Arancha Fernández Mora, todos ellos docentes. Tras la anulación de su nombramiento, Ramírez fue designado inspector accidental.
Designación política
El Supremo estima el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado al cuestionar el argumento utilizado por el TSJA para fundamentar su fallo. Según la resolución del TSJA, el por entonces director provincial de Educación, León Bendayán, ocupaba un puesto de designación política, por lo que no podía formar parte de la comisión de selección que nombró a Ramírez. Ahora, el Supremo corrige esta apreciación: “La prohibición de que formen parte de ellos cargos de ‘elección o de designación política’ no alcanza a funcionarios de carrera que ejerzan sus funciones ocupando puestos de libre designación mediante convocatoria pública y así se prevea en las relaciones de puestos de trabajo”. Bendayán es funcionario de carrera.
