La historia se remonta a más de cinco años, según la presidenta de Digmun, aunque fue el 30 de octubre del pasado años cuando Caballas interpuso una denuncia ante la Fiscalía con motivo de la no escolarización en Ceuta.
La situación se produjo, según declaró Juan Luis Aróstegui cuando anunció la presentación de la denuncia, como consecuencia de "una concatenación de decisiones administrativas sustentadas en interpretaciones muy subjetivas de la legalidad vigente, cuyo resultado es una flagrante vulneración del derecho fundamental a la educación que asiste a los menores afectados".
En la exposición de motivos, el partido localista denunciaba que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha denegado la escolarización a los menores alegando “falta de documentación”, todo ello porque “a su criterio” es “obligatorio” presentar el “certificado de empadronamiento”. Decisión que para Caballas "no está amparada por ninguna norma vigente".
En cuanto al posicionamiento de la Ciudad, al parecer, denegó el empadronamiento de los menores en base a unas “instrucciones verbales” que no encuentran acomodo en la legalidad, pero que se impone por la “fuerza de los hechos”.
Como consecuencia de la interpretación (que no aplicación) de dos normas de rango menor, al menos más de 20 niños residente en Ceuta se vieron privados de su derecho a la escolarización, en el que se materializa un derecho fundamental como es la educación obligatoria hasta los dieciséis años, recogida en nuestro ordenamiento jurídico, y en especial en lo regulado en materia de protección a los derechos del menor,argumentaron.
Ahora el Ministerio Fiscal ha dado la razón a Caballas, y por ende a Digmun, e insta a la escolarización de estos menores, aunque el colectivo aún cuenta en su seno con 15 casos más, según explicó Lorente.
La responsable de Digmun aseguró que la Fiscalía ha considerado los informes que desde este colectivo se le habían aportado, comprobando "que cada uno de los niños y niñas vivían en la ciudad. Todo ello a pesar de lo que decía la Ciudad y el resto de las instituciones".
La Policía fue a cada uno de los domicilios de estas personas, asegura Lorente, y "se ha comprobado que lo que decíamos en los informes era cierto y que estos niños tienen derecho a la educación por estar residiendo en España", agrega la presidenta.
El dictamen de la Fiscalía no está en poder de Digmun, ya que el mismo ha sido comunicado al servicio de inspección de la Delegación Provincial de Educación. Tras ello, según Lorente, desde este servicio se citará a los padres de los menores y le asignará el centro educativo que le corresponda en función de la plaza que exista en el centro más cercano al domicilio. También tiene especial incidencia en la escolarización la edad de los menores, ya que esta se lleva a cabo dependiendo de la que tenga el escolar y no el nivel de conocimientos.
Lorente espera que la escolarización se haga de manera inmediata, explicando que en otros casos así se ha producido. "Los niños no pueden esperar a ser escolarizados por trámites burocráticos", alega la presidenta.
Pese a mostrarse totalmente con la resolución judicial, Maribel Lorente agrega que su colectivo "aún tiene unos 15 niños que están en la misma situación que los citados, y que no han entrado en el este proceso puesto que llegaron a nuestros talleres con posterioridad" .
Lorente no tuvo problemas en reconocer que estos niños no cuentan con "los niveles de conocimientos adecuados y tendrán que adaptarse al curso, necesitarán apoyo, aunque no accederán a la educación sin saber nada". Algunos de los menores que ahora van a ser escolarizados llevaban en los talleres de Digmun cinco o seis años, asegura la presidenta, que considera esta noticia "como el mejor regalo que nos han podido hacer ahora que cumplimos nuestro décimo aniversario".
