Primero SATSE hizo saltar las alarmas de que este curso descendería la cifra de enfermeros escolares, se le sumó la FAMPA que avistaba “un panorama desolador” tirando de su ya insistente demanda de proveer a los centros de personal suficiente para las necesidades especiales. Lo remató el llámese rifirrafe, llámese desencuentro o malentendido entre Administración local y central en el juego de pasarse la pelota sobre la contratación de personal del Plan de Empleo, en alusión a la crítica vertida por la Asociación de Padres. Y en este contexto, el curso escolar todavía ni había arrancado. Sin embargo, en la jornada previa, la directora provincial del MEFP, Yolanda Rodríguez, intentó zanjar toda polémica, alabando, por una parte, la colaboración entre instituciones y, por otra, anunciando que los niños con necesidades específicas no solo iban a ser atendidos desde el primer día, sino que el área iba a ser reforzada.
Un nuevo curso con un cupo docente “histórico”, del cual el 20% son maestros de Educación Especial. El gran anuncio, no obstante, fue la solución provisional hallada por el equipo de Rodríguez para compensar esas vacantes que este año dejaba el personal del Plan de Empleo en el perfil, principalmente, de cuidadores. Se había conseguido que el Ministerio de Función Pública aprobase presupuesto para la contratación de cinco profesionales vía contrato menor, con los que se conseguía elevar el cupo a 31- ya que 26 de ellos son los que se encuentran en plantilla fija-. Un capitulo que dos semanas más tarde no se da por cerrado y consigue, con un nuevo empujón, incrementar en unos 10 o 12 más la cifra de cuidadores, cuyo total se situaría en más de 40.
La incorporación va a ser gradual y obedece a las tres vías explotadas por la sede de la calle Echegaray. Por una parte, hasta seis cuidadores se incorporarán este septiembre vía contrato menor. Tan solo permanecerán un mes en los centros ya que el presupuesto manejado no permite dilatarlo. No obstante, la misma cifra va a ser suplida por personal en bolsa de Función Pública que permanecerán en sus puestos hasta final de curso. El grupo más numeroso aterrizará en los centros, previsiblemente, para noviembre. Alrededor de 10 o 12, estima Rodríguez, sin poder llegar a concretar porque depende de la financiación que extienda Madrid, y su incorporación obedecerá a un contrato mayor que se prolongará hasta junio.
Ha sido la solución hallada “después de todo el verano trabajando”, insiste y ha insistido desde hace semanas la directora provincial, que vaticina tanto la fórmula del contrato mayor como la de tirar de bolsa de Función Pública como una solución a medio plazo, prorrogable en los cursos venideros, mientras no se provean de puestos estructurales.
Rodríguez respira, además, porque el “complemento” y “refuerzo” del Plan de Empleo, que surtirá a los centros de 26 profesionales extra, va a llegar “antes de los que esperábamos”. No hay una fecha concreta en el horizonte, pero remite a un “pronto” el tener esas “buenas noticias” que permitirán completar la plantilla de los centros. Sin ser la deseada, el propio jefe de la Unidad de Programas Educativos, Antonio Coronil, señalaba recientemente que era el “mínimo” para arrancar, pero que con cerca de 70 profesionales se va a superar a la del pasado curso que se quedó en la cuarentena.
