Mientras los empresarios y los sindicatos reúnen firmas para empujar a las administraciones a adoptar medidas que frenen el caos de El Tarajal, la Delegación del Gobierno impone una suerte de ley del silencio disfrazada de llamamientos a la prudencia. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), la Cámara de Comercio y los sindicatos UGT y CCOO suman ya en torno a 6.000 apoyos ciudadanos, cerca de los 10.000 con los que pretenden avalar sus demandas ante la representación del Gobierno central en la ciudad. Sus representantes mantienen el tono contundente de sus reivindicaciones, pero se sienten constreñidos ante las indicaciones que reciben desde la Delegación.
Marruecos es el que anima tantas precauciones. La tesis del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, ya defendida públicamente el pasado diciembre durante los actos de celebración del aniversario de la Constitución, es la de que cualquier comentario que las autoridades marroquíes puedan entender como una ofensa o un menosprecio puede dar al traste con las conversaciones que mantienen los representantes de ambos países para hallar una solución al problema de la frontera.
“Ya no sabemos si decir esto o lo otro está bien o mal”, reconoce una persona cercana a los círculos empresariales. La convicción que reina entre los agentes sociales es la de que Marruecos, pese a las manifestaciones públicas de sus autoridades, tiene interés en apuntalar un comercio transfronterizo sin el cual miles de de sus nacionales en el norte del país no podrían subvenir a sus necesidades más básicas. Sin el “comercio atípico”, el escenario al otro lado de la frontera sería de una enorme conflictividad social.
Los empresarios creen que, aun cuando el mismísimo director general de Aduanas marroquí, Nabyl Lakhdar, abomine públicamente del comercio atípico en el diario económico “L’Economiste”, Marruecos tiene interés en mantener con vida a la bestia. “Rabat intenta controlar el crecimiento del fenómeno con medidas como el control de horarios, la segregación de los porteadores por sexo, el establecimiento de dificultades para los accesos a partir de las cinco de la tarde… Pero no le interesa que desaparezca”, asegura un empresario.
En todo caso, la exhortación a la prudencia parece haber surtido efecto. La campaña reivindicativa de los agentes sociales continúa sin indeseadas acusaciones al comportamiento del país vecino. Empresarios y sindicatos prevén entregar sus firmas en la Delegación a comienzos del próximo mes y ya trabajan para promover una ronda de reuniones con representantes de los partidos políticos.
Sin embargo, ha sido, precisamente, un político del PP, el portavoz de su Grupo Parlamentario en la Asamblea, Emilio Carreira, el único que, públicamente, ha desoído las directrices sugeridas por la Delegación para afirmar lo que, probablemente, todos opinan: “Nadie tiene la valentía suficiente para decir que tenemos enfrente un país con un gobierno que no tiene ningún interés en el crecimiento y el desarrollo de Ceuta, sino más bien todo lo contrario”.
