Distintas organizaciones dedicadas a la infancia han expresado este miércoles su "profunda preocupación" tras las declaraciones de ayer la delegada de Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, de abogar por la devolución de todos los menores marroquíes que permanecen en la ciudad.
En un comunicado, las organizaciones han señalado que las palabras de la delegada se han producido tras el pronunciamiento de órganos judiciales e internacionales sobre la "ausencia de garantías" en los procedimientos de repatriación llevados a cabo a finales de agosto, que dieron como resultado la devolución colectiva de 45 niños.
Por ello, las oenegés expresan su "preocupación" sobre la legitimidad de la delegada de Gobierno para "resolver sobre los posibles procedimientos futuros, así como sobre su predisposición para llevarlos a cabo con todas las garantías".
Las iniciativas de la delegada, "así como sus reiteradas declaraciones sobre las repatriaciones, ya han causado la huida de los centros de protección de centenares de niños y niñas frente a la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen".
Según estas organizaciones, conforme a la legislación de extranjería, Salvadora Mateos sería la competente para iniciar los procedimientos de repatriación de los niños y niñas que llegaron en mayo a Ceuta.
La Delegación de Gobierno debe solicitar información individualizada al Área de Menores y a la Fiscalía sobre la situación de cada niño, así como a las autoridades de origen sobre la situación de su familia para poder incoar el procedimiento de repatriación, así como asegurar la audiencia del niño y su asistencia jurídica.
De acuerdo con lo que establecen la legislación nacional e internacional, este procedimiento debe llevarse a cabo con todas las garantías (escuchando al niño, debidamente informado y con abogado, con resoluciones motivadas, etc.) y debe consistir en una evaluación y determinación de cuál es el interés superior de cada niño.
"Es decir, qué solución duradera de las posibles, repatriación a Marruecos, reunificación familiar en otro país o acogida en España, es la que permite que se garanticen mejor los derechos de cada uno de estos niños y niñas", ha advertido.
En este sentido, las declaraciones de la delegada de Gobierno "obvian el auto judicial por el que el pasado 16 de agosto el juzgado de instrucción de Ceuta mantenía la suspensión de las repatriaciones por considerar que había indicios de vulneración de derechos y disponiendo expresamente que no se había observado la legislación aplicable".
Además, entiende que sus afirmaciones públicas "ponen de manifiesto la determinación de iniciar estos procedimientos con una decisión colectiva preadoptada: "Estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país, y en ese sentido seguimos trabajando".
Por todo ello, las organizaciones de infancia cuestionan la capacidad de la delegada de Gobierno de "liderar y resolver" los expedientes de repatriación con "objetividad y garantizando una adecuada evaluación y determinación del interés superior de cada niño, así como su predisposición para desarrollar el procedimiento con todas las garantías".
El comunicado está firmado por Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle, Fundación Save the Children, Fundación Raíces, Fundación Educo, Gentium, La Salle, Maakum, No name Kitchen, Plataforma de Infancia, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes.
