La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha elevado al Consejo de Gobierno un plan de prevención de riesgos y de medidas de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de interés en la Ciudad Autónoma.
Este plan se configura como un instrumento de carácter técnico para la Administración y para el sector público institucional que tiene como finalidad establecer las condiciones generales relativas a la evaluación de los riesgos de gestión, así como establecer directrices necesarias para prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en todos los procesos de planificación, toma de decisiones y ejecución de actividades públicas.
El portavoz del Gobierno ha señalado que "tiene por objeto conseguir un modelo homogéneo orientado a cubrir los principios de responsabilidad, transparencia y optimización de recursos de integridad institucional y de medidas antifraude por una buena gestión de los recursos públicos y en especial aquellos derivados del mecanismos de Recuperación y Resiliencia".
El Consejo de Gobierno lo que hace es una declaración pública institucional de compromiso por la lucha contra el fraude y corrupción y establece los principios que debe presidir el conjunto de la actividad de la actividad de la Administración y sus empleados públicos tomando como referencia la normativa ética y jurídica que afecta a la acción pública. Se refuerzan las disposiciones jurídicas relativas a la misma en un doble dirección, la primera encaminada al refuerzo de la obligación jurídica y la segunda que cumple un importante papel preventivo.
