Un día como hoy, hace 38 años, el Gobierno español y los líderes de las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla firmaron un histórico pacto que reconoció el derecho a la nacionalidad española de miles de ciudadanos musulmanes arraigados en las dos ciudades autónomas.
El acuerdo se gestó el 11 de febrero de 1986, cuando el Ministerio del Interior, entonces dirigido por José Barrionuevo, se reunió en Madrid con los representantes de los colectivos musulmanes de ambas ciudades, Aornar Dudú y Ahmed Subaire, para negociar la aplicación de la ley de extranjería, que entraría en vigor el 1 de marzo de ese mismo año.
En un comunicado conjunto, se anunció la creación de una comisión mixta que se encargaría de definir el concepto de arraigo y el establecimiento de un censo para conocer la situación actual de las dos ciudades. El objetivo era facilitar la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la nacionalidad española a los musulmanes que cumplieran los requisitos de arraigo, es decir, que tuvieran vínculos familiares, sociales o laborales con España.
El documento, suscrito también por el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, y el subsecretario de Interior, Rafael Vera, expresaba el compromiso de la Administración de otorgar la “máxima celeridad” a este proceso y de flexibilizar y agilizar los procedimientos jurídicos para dar cabida a esta marginación que sufrían ambos colectivos.
Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de polémica y discrepancias. Los dirigentes musulmanes de Ceuta y Melilla consideraban que la ley de extranjería no debía aplicarse a los musulmanes arraigados, ya que suponía una discriminación respecto a los demás españoles. Rafael Vera les respondió que eso dependería de la definición expresa del arraigo que se acordara en la comisión mixta.
El líder de la comunidad musulmana ceutí, Ahmed Subaire, afirmó que en una conversación telefónica con el director general de Política Interior, Rafael de Francisco, éste le había explicado que del comunicado se desprendía la idea de que la citada ley no sería aplicada a los musulmanes de Ceuta y Melilla.
Finalmente, el 26 de junio de 1986, tras meses de negociaciones, se rubricó el acuerdo de la comisión mixta Gobierno-Comunidad musulmana que garantizó la concesión de la nacionalidad española a gran parte de los fieles islámicos de ambas ciudades valorando su “arraigo” sin más reparos. Entonces eran aproximadamente un 30% de su población, la inmensa mayoría con dos o tres generaciones nacidas y criadas en suelo español africano. Los nombres más comunes en Ceuta y Melilla pasaron a ser Mohamed o Yasmina en vez de Francisco Javier y María del Carmen.
Este acuerdo supuso un cambio radical en la vida de los musulmanes de Ceuta y Melilla, que dejaron de ser considerados extranjeros en su propia tierra y adquirieron plenos derechos y deberes como ciudadanos españoles. Un hito histórico que hoy se recuerda con orgullo y gratitud por parte de las comunidades islámicas de las dos ciudades autónomas.
